Un curso de perspectiva de género de apenas 36 horas. Ese fue el castigo que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) consideró suficiente para perdonar los actos de acoso cometidos por el ex diputado local Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo contra una joven militante. Sin embargo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revocó este acuerdo a mediados de febrero de 2026 y frenó el intento del partido de dar por cumplidas las sanciones de manera irregular, ordenando un nuevo plazo improrrogable de diez días para que el exlegislador acate la sentencia.
En marzo de 2024, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales capitalina (FEPADE CdMx) logró la primera vinculación a proceso en la ciudad derivada de esta denuncia.
Aunque la justicia penal comprobó los elementos del delito, según documentos internos del partido, el órgano de justicia panista intentó minimizar las agresiones clasificándolas como una "falta leve ordinaria". Más aún, a inicios de marzo, el propio instituto político se vio forzado a admitir que el político ni siquiera acreditó la incipiente capacitación que le habían impuesto.
De acuerdo con las resoluciones judiciales, las agresiones del ex legislador —denunciadas formalmente como acoso en 2022— iniciaron mediante hostigamiento psicológico y digital constante, y posteriormente escalaron al contacto físico. Debido a que el exdiputado se valió de su jerarquía en el partido para vulnerar a la víctima, las autoridades procesaron el delito bajo la figura legal de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Te recomendamos leer...
Todo comenzó en el otoño de 2021, cuando el político contactó a una joven universitaria y militante de base, invitándola a colaborar en la agrupación interna "Panistas Organizados".
Las comunicaciones rápidamente se desviaron hacia interrogatorios sobre su vida íntima, exigencias orientadas a evaluar su aspecto físico en videollamadas y comentarios cosificando su apariencia. El acoso cruzó la barrera física cuando, tras citarla en un punto cercano a su domicilio, el ex legislador realizó tocamientos no consensuados en la pierna de la joven dentro de su vehículo.
Esta escalada de agresiones fue descrita con claridad en los testimonios integrados a la carpeta penal, donde la propia víctima, Esperanza Luna Barrios, quien hoy tiene 26 años, especificó de manera textual que "el hostigamiento escaló a la violencia física y al acecho territorial". Sometida además a una extorsión telefónica externa en esas mismas fechas —delito por el cual un responsable ya cumple una condena de 15 años de prisión—, la joven decidió renunciar a su militancia panista en octubre de 2021 con el objetivo de salvaguardar su integridad.
En su búsqueda de apoyo, la ex militante acudió a la Unidad de Género del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), universidad donde ella estudiaba y de donde el político también es egresado.
La respuesta de la institución educativa fue canalizar el problema externamente; se limitaron a sugerirle una reunión con legisladoras del PAN con el propósito de que la orientaran y resolvieran el tema dentro de las filas políticas, sin desplegar medidas o protocolos de seguridad al interior del campus.
La inacción inicial de Acción Nacional ante el riesgo de su militante contradice su propia normativa. Conforme al Reglamento de Justicia y el Protocolo de Actuación del PAN en la materia, la institución tiene la obligación de prevenir y sancionar estas violaciones, estipulando que las quejas recibidas deben remitirse a la instancia competente en un máximo de 24 horas. Pese a ello, el partido fue omiso durante años y no inició el procedimiento hasta que la agraviada lo impulsó formalmente en 2024.
A pesar de los fallos del TECDMX y los procesos penales, la figura del agresor se mantiene activa en las estructuras de decisión. Documentos del propio partido comprueban que, el 8 de septiembre de 2025, Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo entregó formalmente por la demarcación de Azcapotzalco su solicitud de registro como aspirante al Consejo Nacional del partido, y figura a su vez en las listas del Consejo Regional del periodo 2025-2028.
Dichas solicitudes fueron recibidas en tiempo y avaladas por la Comisión Regional de Procesos Electorales de la Ciudad de México (CORPE). La CORPE es el órgano interno del PAN con la máxima autoridad en la organización, recepción de postulaciones y calificación de legalidad de los procesos de elección, siendo la responsable de dar validez oficial a las asambleas y a las designaciones de todas las dirigencias locales.
La cúpula panista no solo ha evitado sancionarlo conforme a la ley, sino que ha blindado su posición política. Documentos oficiales del partido confirman que el 14 de noviembre de 2025, la dirigencia ratificó oficialmente los resultados de la asamblea y con ello, su cargo como consejero, garantizando su permanencia en la toma de decisiones pese a no haber cumplido con las sanciones impuestas.
A esta protección institucional se suma una omisión clave: a pesar de que la dirigencia ya reconoció formalmente la existencia de la violencia en agravio de la víctima, el PAN ha evitado promover la inscripción de Bonilla Cedillo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Esta inscripción no es un castigo opcional, sino una medida de no repetición expresamente contemplada en el artículo 96 de su propio Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación. Al eludir esta sanción, Acción Nacional incumple sus estatutos y le permite al exlegislador continuar su carrera política exento del padrón público diseñado para frenar a los agresores electorales.
Hasta el cierre de esta edición, ni Jacobo Bonilla ni la dirigencia del PAN respondieron a las solicitudes de entrevista formuladas por este medio para emitir una postura al respecto.
Te recomendamos leer..
HCM
