Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó claro que la suspensión que concedió al gobierno de Chihuahua contra la distribución de libros de texto tiene como finalidad garantizar el interior superior de los niños, niñas y adolescentes.
En su acuerdo, el ministro indicó que para la elaboración de las normas deben considerarse a los menores de edad y la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de dichos instrumentos educativos.
También, agregó, se debe garantizar, la opinión de los gobiernos estatales, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros.
Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de educación básica.
Aguilar Morales aseguró que la suspensión concedida en la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua, no le causa un daño mayor a la sociedad, ni se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico nacional.
La medida cautelar, apuntó, tiene el propósito de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar que se le cause un daño irreparable.
El ministro añadió que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación básica.
“Así, atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de lo impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto…”, detalla el acuerdo.
El gobierno de Chihuahua alegó que, si la impresión y distribución de los libros se hace sin seguir los lineamientos del procedimiento educativo, se pueden “dañar de manera irreparable, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y de participación concurrente en el proceso educativo”.
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