La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló el extrañamiento que hizo a la embajada de Estados Unidos por hacer públicas las solicitudes de detención con fines de extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios en abril de este año.
En el documento —fechado el 30 de abril—, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE reprochó la falta de confidencialidad en el caso y advirtió que la divulgación de la información podría vulnerar el derecho al debido proceso.
“Se considera que dichos datos —que también se encuentran plasmados en las solicitudes de detención provisional que nos ocupa— son sensibles en materia de procuración de justicia, al tener relación con una investigación penal en curso en territorio estadunidense, y con el juicio penal por el cual se busca la extradición de los reclamados, y que al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción pueda tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición correspondientes.
“Por otra parte, se considera que dicha divulgación, podrían verse afectados los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición”, expresó la cancillería.
Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de…
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026
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El oficio, que se hizo público por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene testado el nombre a quién fue dirigido y el del funcionario mexicano que lo firma, y sólo se dejó a la vista el cargo que es el del director de Asuntos Jurídicos de la SRE.
Por tanto, el gobierno mexicano agradeció al Departamento de Justicia de Estados Unidos que en futuras ocasiones recuerde a sus fiscales “el compromiso de confidencialidad de la información sensible en materia de procuración de justicia, que es la base de las solicitudes de extradición que formula ese gobierno”.
Incluso, le recordó al funcionario de la embajada que el gobierno estadunidense ha solicitado mediante nota que se tomen las medidas necesarias para “asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que hayan sido entregada o que vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público”.
“Se considera que la acción tomada por la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York de revelar información sensible en materia de procuración de justicia, impide a nuestro gobierno llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada”.
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Cancillería muestra otros oficios
La SRE también hizo públicos dos documentos más. Uno donde se muestra el contexto del caso, incluyendo las acusaciones y los nombres de los requeridos por Estados Unidos.
El otro está redactado en inglés con las seis líneas discursivas que ha mantenido al gobierno mexicano en su comunicación con la Unión Americana sobre este caso que incluye:
- No proteger a nadie que haya cometido un delito.
- Cualquier acción legal requiere pruebas claras.
- El caso se maneja estrictamente bajo el marco legal mexicano.
- Ninguna detención se puede procesar sin pruebas sólidas.
- Se actúa de conformidad a la Constitución.
- Mantener la cooperación con Estados Unidos sin permitir “ninguna interferencia externa en las decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano”.
IOGE
