La diputada local del PRI, Gloria Treviño, acudió al Palacio de Gobierno y a la Secretaría de Economía para solicitar una copia del contrato que contrajo el Gobierno Estatal con el despacho Dávila Canales por el caso Kia, argumentando que fuentes extraoficiales le informaron que el pago por el servicio fue de más de 20 millones de pesos.
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De acuerdo a la legisladora, el pago de 2 millones 25 mil pesos, en julio de 2016, cifra manejada por las autoridades estatales, sólo fue un anticipo, por lo que se sospecha que la cantidad total sea mayor.
"Tenemos información de que el contrato puede ser de más de 20 millones de pesos, por lo que queremos tener acceso tanto a los pagos que se efectuaron como a este propio contrato de la información que ya sabemos que está reservada por este convenio", dijo.
De acuerdo a la legisladora, la información de que el pago al despacho del sobrino del subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, fue de más de 20 millones, provino de funcionarios de la misma administración estatal.
"Como ustedes saben hay diferentes funcionarios que están interesados en que se conozca todo esto, ellos son los que nos han dicho de toda esta información relacionada, por lo que para no andar con especulaciones es que venimos a solicitar el contrato que se firmó con Dávila Canales", declaró.
Además del contrato celebrado con el despacho Canales Dávila SC, la diputada también entregó un oficio solicitando una copia con la lista de proveedores que estén ubicados en el mismo domicilio que la comercializadora Mirof.
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Explicó que la sospecha proviene de que la empresa de seguridad Ceressa tiene el mismo domicilio fiscal que la comercializadora Mirof, ubicado en la colonia Moderna, ambas administradas por hermanos.
"Lo que queremos saber es cuántas empresas están ubicadas ahí, que nos den una copia certificada... no es posible que empresas con giros tan diferentes estén ubicadas en la misma parte.
"Aparte que, siendo los hermanos administradores únicos, pues uno no vaya y al otro se le estén dando contratos en diferentes organismos del Estado
Ambas solicitudes fueron hechas amparadas por el mecanismo de Transparencia, por lo que las dependencias tendrán 10 días para dar una respuesta, ya sea entregar lo solicitado o negar los documentos, explicando las razones de la reserva.
fsad
