Existe un rezago en la actualización de algunos instrumentos tales como las Normas Oficiales Mexicanas del sector salud que establecen criterios para evaluar la calidad del aire; como también existen vacíos o desvinculación de las acciones que emprenden los distintos sectores —ambiental, energético, salud, desarrollo urbano— y órdenes de gobierno —federación, estados y municipios— con la debida falta de aplicación adecuada de los ya existentes. Y si bien la problemática de contaminación atmosférica que hoy nos rodea es en sí misma compleja ya que atiende además a condiciones físicas, el marco legal nos brinda la oportunidad de exigir el mejoramiento de la calidad del aire en un contexto de derechos humanos, puesto que es obligación de todas las autoridades respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.
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