La presidenta Claudia Sheinbaum informó que separó del cargo a cuatro altos funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), incluido el director general, por las irregularidades en la reciente megalicitación de medicinas e insumos médicos.
El pasado martes, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno resolvió anular el proceso y con ello evitó un daño al erario que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, pudo representar más de 13 mil millones de pesos.
En la mañanera, Sheinbaum dio a conocer que Iván de Jesús Olmos Cansino fue separado de la dirección general de Birmex —sustituido por Carlos Ulloa—, así como los titulares de Administración, Planeación Estratégica y Logística, “y varios funcionarios que están abajo”, mientras se llevan a cabo las indagatorias.
“Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex. Cuando venga la investigación sabremos quiénes estuvieron como responsables, incluso indirectamente por no haber revisado el proceso”, apuntó la Presidenta.
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Hasta diciembre, las directoras de Administración eran Emma Luz López Juárez y de Planeación Estratégica María Loreto Lacayo, mientras que el área de Logística estaba vacante, según la Plataforma Nacional de Transparencia.
El proceso fue anulado, pese a que ya se había dictado el fallo, debido a que los productos se habían adquirido a sobreprecio, tenía requisitos contradictorios, vacíos de información y falta de respuesta a las dudas de los participantes.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, dijo a MILENIO que ya se tenía considerado que el proceso de evaluación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podía derivar en la nulidad del proceso.
“Sabíamos que la investigación podía derivar en la nulidad de la licitación; no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción”, afirmó.
Sin embargo, señaló que el gobierno siguió recibiendo medicamentos, porque “el proceso estaba viciado, pero la mayoría de estos se compró adecuadamente”.
Un proceso viciado
Las irregularidades en la licitación provocaron que el procedimiento “no garantizara la libre participación, concurrencia y competencia económica”, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción.
Para Natalia Campos, especialista en compras públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, se trató de una licitación que dejó espacios para la discrecionalidad y la convirtió en una adquisición a modo.
“En tanto se pidieron documentos innecesarios o se evaluó con distintos criterios, fue una licitación que dejó espacios para la discrecionalidad, adquisición a modo.
“Fue una manera de ejercer una interpretación inadecuada o innecesaria, de discrecionalidad sobre los procesos, lo que lo vicia totalmente”, dijo a MILENIO.
LP
