La Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que en diciembre de 2018 heredó, de la administración pasada, un rezago de 69 mil 61 asuntos.
En el Programa Sectorial de Función Pública, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), detalló que esos pendientes estaban distribuidos de la siguiente manera: 61 mil 321 asuntos derivados de denuncias ciudadanas; 7 mil 550 procedimientos de responsabilidades sin resolver y 190 procedimientos de inconformidad y sanción a proveedores, que datan, en algunos casos, del año 2015 en los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades.
Al respecto, la dependencia aseguró que eso se debe a "una inadecuada atención en el trámite y seguimiento de los mismos, por lo cual devino necesario priorizar la atención de los asuntos más antiguos con el propósito de evitar la prescripción de la facultad sancionatoria de la SFP".
Ante ello, se propuso como una de las principales metas de la 4T que las auditorías realizadas por los OIC "impacten positivamente en el quehacer gubernamental, de tal forma que se logre un adecuado control y una fiscalización efectiva para recuperar la confianza de la sociedad y la credibilidad en las instituciones de gobierno, así como un óptimo ejercicio de los recursos públicos".
Asimismo, expuso que otra misión que se encomendará a los OIC en la actual administración será el impulso a la simplificación de trámites y servicios.
Detalló que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en 2018, en 22 mil 483 trámites y servicios de mil 338 dependencias de las 32 entidades federativas, el costo de los trámites y servicios representaba en promedio el 1.32% del PIB.
Por ello, "se coadyuvará a cerrar las brechas que permiten la actuación discrecional de los servidores públicos, así como aquellas que permiten la actualización de hechos de corrupción, a la vez que se dotará a la ciudadanía de procesos administrativos sencillos, rápidos y eficientes".
ledz
