La Secretaría de la Función Pública (SFP) prevé modificar las reglas para los servidores públicos federales que han regresado a trabajar de manera presencial a las oficinas públicas y ahora ya no les pedirá que se hagan una prueba de detección del covid, como lo estipuló el acuerdo de finales de julio.
El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, había planteado que el costo de dichas pruebas tendría que ser absorbido por el gobierno federal.
En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de julio, la Función Pública informó que a partir del 2 de agosto regresarían a trabajar de manera presencial sólo los empleados públicos que hayan concluido con su esquema de vacunación contra covid-19 y que previo a su reincorporación tendrían que hacerse una prueba de detección del virus SARS-COV-2.
Ante tal planteamiento, la SFP elaboró una modificación a su acuerdo del 30 de julio, aún pendiente de publicarse en el DOF y disponible únicamente en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en el que se omitió la obligatoriedad de la prueba negativa a covid.
“El regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra el covid-19, procurando la mitigación del riesgo de contagio a través de las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud”, dice el proyecto de acuerdo.
Por lo demás, el acuerdo se mantendría igual para quienes no han sido completamente vacunados, con las medidas de trabajo a distancia, días de trabajo alternados, horarios escalonados y sesiones de trabajo a través de medios electrónicos.
Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión, y cáncer en tratamiento, deberán seguir trabajando desde casa.
JLMR
