Ante familiares de centenares de desaparecidos, el Senado continuó con las audiencias para dictaminar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, donde los legisladores se comprometieron a modificar en forma paralela la Ley de Víctimas para eficientarla, ante el cúmulo de quejas que hay respecto a su aplicación.
Una veintena de organizaciones que agrupan a cientos de representantes de amigos y familiares desaparecidos por todo el país, exigieron al Senado que intervenga para quitar las trabas que han encontrado en los últimos dos sexenios para encontrar a sus víctimas, que van desde el acoso que sufren en los estados por parte de las corporaciones policiacas y el crimen organizado, así como los obstáculos de las mismas leyes.
Cada representante relató ante senadores “historias de terror” en Querétaro, Guerrero, el Estado de México, Coahuila, Morelos, Michoacán y otras entidades, donde denunciaron que hay ministerios públicos poco preparados, lo que les ha orillado a buscar por ellos mismos a hermanos, padres, amigos, sin la ayuda de un marco legal que les permita agilizar las investigaciones.
Se quejaron de no tener acceso a las sábanas de las empresas telefónicas, a los registros del IFE para pedir una huella de sus familiares que les permitiría iniciar una averiguación, de protocolos insuficientes, de lo tortuoso que es tener el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de las 72 horas que exige la ley para comenzar a buscar a un desaparecido, entre otras trabas.
Yanahui Paredes contó como desaparecieron a su padre desde 2007 en Michoacán, por su actividad como defensor de derechos humanos, Francisco Paredes; Patricia Rodríguez, madre de Pablo Sánchez, denunció que desde marzo de 2013 su hijo fue levantado por militares y pasaron las 72 horas oficiales en las que el ministerio público le pidió esperar porque a lo mejor se había ido de fiesta.
“Y estas horas son las más importantes para dar con el paradero, por eso queremos una ley que no distinga entre personas no localizadas y personas desaparecidas para iniciar de inmediato con los protocolos de búsqueda”.
Adriana Vaena, del grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, surgido después de la desaparición de los 43 normalistas, dijo que buscan a 500 desaparecidos más. Criticó los protocolos de búsqueda que no funcionan y puso un ejemplo:
“Mi grupo encontró el domingo pasado una fosa, sí, y hay un resto envuelto en una colchoneta y sigue en el cerro ¿por qué? Porque sus protocolos no funcionan, porque no hay quien resguarde esos restos. Lo que hay no sirve y ¡ya basta de escribir supuestos en leyes que no van a dar resultado de ninguna manera!”
El queretano José Ugalde, del grupo “Desaparecidos Justicia” y padre de Esaú, acusó que el fenómeno de desaparición es provocado por las mismas leyes, que impiden agilizar las búsquedas. “¡Es de veras una película de terror! Las noticias son fragmentos de terror. Yo nunca pensé estar aquí, yo soy carpintero, y vengo no con orgullo, sino con vergüenza de lo que está pasando”.
Por el grupo Red Eslabones Morelos, Amalia Hernández denunció que Oliver Wenceslao Navarrete, secuestrado y desaparecido por la delincuencia organizada en Morelos, fue encontrado e identificado después de 15 días, “pero mi sobrino fue desaparecido nuevamente por la entonces Procuraduría del estado durante 9 meses dentro del Semefo del estado; después la misma procuraduría lo desapareció al sepultarlo en una fosa clandestina estatal, junto con 150 cadáveres más de seres humanos no identificados”.
Los senadores escucharon más de veinte testimonios de historias de gente que le cortaron la lengua y la prostituyeron, de estudiantes desaparecidos en Ecatepec por policías, marinos y agentes judiciales desaparecidos sin el respaldo de las instituciones...
En su turno, el panista presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, dijo que no existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona y mucho menos cuando es orquestada por las propias autoridades o cuerpos policiacos.
Por ello, la expedición de una nueva Ley General es un paso fundamental para atender este fenómeno delincuencial de una manera integral, sin limitarse al ámbito penal, abarcando una diversidad de sectores y para establecer una ley aplicable en todo el país.
“Es importante precisar que actualmente el delito de desaparición forzada en el orden jurídico nacional no ha sido del todo eficaz. Yo diría: no ha sido eficaz de ninguna manera. Si bien se encuentra regulado a nivel federal, únicamente 22 de las 32 entidades federativas lo sancionan y sólo Chiapas y Guerrero expidieron leyes especiales sobre este delito”.
Indicó que será indispensable que la ley general establezca tipos penales para la desaparición forzada de personas cometidas por servidores públicos directamente o, bien, por particulares que actúen con el consentimiento de aquéllos.
Pero también es necesario crear un tipo penal que sancione desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, así como sancionar aquellas conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de este delito.
La perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que después de que México salió a la luz pública internacional con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país no aprendió y hoy se repiten casos como el de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz.
“Al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto oficialmente se nos informa que alrededor de 27 mil personas desaparecidas en el país y era algo verdaderamente increíble que llegáramos a una situación prácticamente como la que vivieron otros países de situación de guerra y nosotros en una situación de paz”, alertó la legisladora.
A su vez, la priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que el Senado construirá un instrumento normativo que en su aplicación sirva para erradicar la desaparición de personas, se sancione a quienes la cometen y garantice los derechos de las víctimas y sus familiares.
“Una sociedad como la nuestra no puede avanzar si seguimos padeciendo de hechos como la desaparición de personas, por ello es nuestro compromiso de legislar de la manera más eficaz para que este crimen desaparezca”, puntualizó.
