Para que el gobierno estatal pueda cancelar anticipadamente los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Públicas Privadas (APP) que se firmaron en 2007 y 2010 con la iniciativa privada, requiere de al menos 10 mil millones de pesos para cubrir los compromisos pendientes, por lo cual aún tienen el tema en análisis, dio a conocer el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez.
En tanto, el Partido del Trabajo (PT) planteó que, ante el incumplimiento de esos contratos, es necesario revisar, exigir cláusulas de compensación y si es posible rescindir los contratos, porque no se pueden seguir pagando miles de millones de pesos, cuando es evidente que no han cumplido con el mantenimiento de la red carretera que está llena de baches.
Evitar mayores daños
El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, pidió mucho cuidado en este tema para que al final el gobierno no termine demandado y le resulte más costoso que mantener vigentes los contractos actualmente. El coordinador, Pablo Fernández de Cevallos, dijo que si está bien cuidado y es por el bien financiero de la entidad van a apoyar la medida.
Por el momento, acotó “no sé si se paga mucho o no, no conozco cada contrato. Habrá que analizar la situación concreta, revisar el tema jurídico; sería irresponsable cancelar contratos porque puede ser más caro. Ver estudios actuariales para ver qué conviene, si el GEM no está a gusto que cancele los contratos, pero revise caso por caso y todo sea dentro de la ley”.
Ya existen mesas
En tanto, el encargado de las finanzas del gobierno estatal, detalló que es un tema en análisis donde se busca no afectar los intereses del Estado y por ello empezaron por lograr acuerdos y si no se puede ir al siguiente paso, que es verlo legalmente.
“Con independencia de buscar conciliar el interés con los empresarios, ese es el primer camino que vamos a agotar, vamos a evitar el pleito, vamos a poner en la mesa todos los argumentos, toda la información necesaria y ver de qué manera resolvemos ese tema”, aseveró.
Óscar Jiménez agregó que sí es necesario actuarán con todo el peso de la ley para garantizar lo que corresponde al Estado, porque no son contratos que hayan beneficiado a entidad y por eso están en la agenda del gobierno estatal.
Cuestan miles de millones
Estos acuerdos de APP y PPS son un tema histórico, complicado, jurídica y administrativamente, y para el 2026 están considerando 5 mil 600 millones de pesos para este fin, pero los compromisos financieros vencen en el 2032 y eso seguirá costando.
En estos proyectos está la conservación de carreteras, vialidades y de caminos del sur, sumados a la construcción y operación de algunos hospitales regionales, como es el de Zumpango, Toluca, Tlalnepantla y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
Los PPS se formalizaron en el 2007 y 2010 y tienen una vigencia entre 21 y 27 años, y los caminos del sur en 2020, con una vigencia de 12 años, por lo cual están revisando la estrategia con los especialistas, para evitar mayor carga financiera.
"Los contratos van a ser muy peleados. En el ámbito jurídico vamos y estamos teniendo mucho cuidado y sabemos y conocemos quiénes son los dueños de estas APPs y de estos PPS creo que habrá condiciones para poder mitigar y conciliar el interés público y buscar estrategias que permitan mecanismos para fortalecer este tipo de proyectos", indicó.
PNMO
