La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las normas que regulan las obligaciones de quienes emplean a personas trabajadoras del campo y que las obligan a otorgar un alojamiento temporal digno y alimentación sana.
Por unanimidad, el Pleno rechazó amparar a las empresas Agrícola Alerco, Agriexport y Agricola Reyes Pesqueira, quienes pedían declarar inconstitucionales los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo.
Las quejosas alegaron que, con las reformas que entraron en vigor en 2024, se está trasladando la obligación del Estado hacia los empleadores.
Yasmín Esquivel Mossa, ministra ponente, señaló que las reformas a la ley no imponen cargas nuevas o desproporcionadas a los empleadores, sino que precisan las condiciones mínimas que deben reunir las habitaciones temporales destinadas a los trabajadores agrícolas y sus familias durante la relación laboral.
Explicó que la obligación de proporcionar alojamiento gratuito a los trabajadores del campo tampoco sustituye las aportaciones que los patrones realizan al Infonavit, ya que ambas figuras persiguen finalidades distintas.
“Es indispensable distinguir entre el derecho a una vivienda digna y la obligación patronal prevista en el artículo 123, apartado A, fracción Decimosegunda constitucional, y el diverso 136 de la Ley Federal del Trabajo, relativa a realizar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuyo objeto es constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que les otorgue créditos baratos y suficientes para adquirir en propiedad habitaciones…”, destacó
Marginación
Durante la discusión, los ministros coincidieron en que las personas trabajadoras agrícolas enfrentan condiciones históricas de marginación que hacen necesario medidas específicas de protección.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que el trabajo agrícola suele realizarse en zonas alejadas de los centros de población, donde el acceso efectivo a vivienda, alimentación, servicios de salud y otros derechos básicos resulta limitado.
“… la intención del legislador, lejos de imponer cargas arbitrarias a las personas empleadoras, atendió a una realidad social que históricamente ha colocado a este sector en una situación de especial vulnerabilidad. No puede perderse de vista que el trabajo agrícola suele desarrollarse en zonas alejadas de los centros de la población, en condiciones que dificultan el acceso efectivo a la vivienda, alimentación, servicios de salud y demás condiciones indispensables para una vida digna”, manifestó.
En el mismo sentido, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que, de acuerdo con cifras oficiales correspondientes al primer trimestre del año, alrededor de 3.4 millones de personas laboran en actividades agrícolas en México y más del 80 por ciento lo hace en la informalidad. Añadió que su escolaridad promedio apenas alcanza el sexto grado de primaria y la edad media supera los 49 años, indicadores que reflejan la vulnerabilidad estructural del sector.
El ministro Arístides Guerrero García recordó que, de acuerdo con organismos internacionales, más del 80 por ciento del empleo agrícola en América Latina se desarrolla en la informalidad, situación que afecta principalmente a mujeres, jóvenes, personas mayores y habitantes de comunidades rurales.
“Estas cifras ponen además en manifiesto una realidad que no puede pasar de inadvertida: quienes trabajan la tierra y garantizan el abasto de alimento son con frecuencia quienes laboran en condiciones más precarias. Es decir, parecería una incongruencia porque son los trabajadores y trabajadoras del campo, quienes precisamente permiten que se pueda proporcionar alimentos y son ellos mismos quienes muchas veces carecen de una alimentación nutritiva y en muchos casos se carece de una vivienda digna”, expresó.
Miles de familias
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que miles de familias, en su mayoría indígenas, migran cada año del sur al norte del país para trabajar temporalmente en los campos agrícolas, donde con frecuencia enfrentan salarios bajos, hacinamiento y condiciones laborales infrahumanas.
“Yo he sido testigo que terminando el ciclo escolar llegan muchos camiones a las cabeceras municipales, a las cabeceras de distrito y se llevan familias completas del sur al norte del país, para trabajar en el campo en condiciones muy precarias.
“Yo recuerdo que en el año 2015 un gran número de migrantes de San Quintín, de Ensenada, hicieron una gran movilización para reclamar mejores condiciones laborales. En aquella época tuve la oportunidad de acompañarles en algunos momentos. Se les pagaba 70 u 80 pesos al día, es decir, 2 mil 100, 2 mil 803 o mil pesos y vivían hacinados, en condiciones infrahumanas. Les ponían prácticamente tiendas de raya. Entonces son condiciones, la verdad, lacerantes”.
Por eso consideró importante que la Corte declare constitucional las reformas a la Ley Federal del Trabajo, porque vienen a fortalecer las condiciones en las que viven un gran número trabajadores del campo.
LG
