La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que comunidades indígenas del país puedan ejercer el autogobierno y acceder a recursos públicos propios,tras conceder un amparo a la comunidad de La Candelaria , ubicada en la región de Los Altos de Chiapas.
En una sesión considerada histórica realizada fuera de la Ciudad de México y desarrollada en español con traducción simultánea a lenguas tsotsil y tseltal, el Pleno ordenó al Congreso de Chiapas legislar para reconocer plenamente el derecho de las comunidades indígenas a la libre autodeterminación y autonomía.
La resolución establece que el Poder Legislativo estatal deberá emitir la normativa correspondiente una vez que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General que reglamente el artículo 2 constitucional en materia de autogobierno indígena.
Posteriormente, el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas contarán con 90 días para aplicar la nueva legislación.
Sin mecanismos efectivos para materializar derechos de pueblos originarios
La ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, señaló que actualmente no existen mecanismos efectivos que permitan materializar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a gobernarse conforme a sus propias autoridades.
“La propuesta que pongo a su consideración busca confirmar que el autogobierno indígena previsto en la Constitución y en el Derecho Internacional, deba transitar a la operatividad institucional, garantizando que la libre autodeterminación deje de ser una aspiración”, expresó.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que la reforma constitucional en la materia implica un mandato obligatorio para armonizar la legislación y evitar que las omisiones legales perpetúen la exclusión histórica de estas comunidades.
“No se trata de un reconocimiento declarativo, sino de un mandato estructural de armonización legislativa, incluso con plazos definidos. Esta Corte no pretende legislar, pero sí impedir que las omisiones legislativas se conviertan en formas estructurales de exclusión”, declaró.
En tanto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó que la sentencia busca revertir décadas de subordinación política y reconocer el derecho de los pueblos originarios a regirse bajo sus usos y costumbres.
“Nuestra constitución busca revertir esa exclusión mediante el reconocimiento de los derechos de ustedes, de los pueblos y comunidades indígenas, para gobernarse, asimismo, conforme a sus usos y costumbres.
“Con esta sentencia enviamos un mensaje claro en el que el multiculturalismo y el reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales es el pilar fundamental de nuestra democracia constitucional”, agregó.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el reconocimiento implica validar las asambleas comunitarias, sus autoridades y sistemas normativos internos, más allá de un reconocimiento formal.
La propuesta fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de las ministras y ministros Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa Betanzo.
Durante la sesión, las y los ministros portaron trajes tradicionales entregados por habitantes de comunidades de San Juan Chamula, Tenejapa y San Juan Cancuc. Más de mil 500 personas de pueblos originarios, acompañadas por académicos, autoridades locales y representantes de ONU Derechos Humanos, presenciaron el acto, considerado histórico, ya que desde 1848 la Corte no sesionaba fuera de la capital del país.
Ministras y ministros portaron trajes típicos
Las ministras y ministros de dejaron de lado la solemnidad y usaron trajes típicos de la región que les dieron los habitantes de las comunidades indígenas de San Juan Chamula, Tenejapa y San Juan Cancuc
A esta región tsotsil de La Candelaria llegaron más de mil 500 personas de las comunidades originarias, en la que también estuvieron presentes funcionarios del Tribunal de Justicia y de la Fiscalía del Estado y el gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar.
Ataviados con sus trajes típicos y con música de marimba, los pobladores de esta zona, académicos e integrantes de ONU Derechos Humanos presenciaron la sesión histórica, ya que desde 1848 la Corte no había sesionado fuera de la Ciudad de México.
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