La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que todos los habitantes que residen en asentamientos irregulares en el país gocen del servicio de agua de manera inmediata a través de la creación de depósitos de almacenamiento masivo en los sitios en que viven.
Por unanimidad, el Pleno amparó al asentamiento irregular denominado Los Kilómetros que se localiza entre los municipios de Ciudad Juárez y Casas Grandes, en Chihuahua, en el cual habitan 300 mil personas y que desde hace 30 años no goza del líquido.
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Arístides Guerrero García, ministro ponente, dijo que este lugar fue fundado por migrantes que por décadas han luchado por contar con agua. Indicó que cada 10 o 15 días pipas surten de agua a la comunidad, misma que almacenan en tambos.
Por este motivo, los quejosos promovieron un amparo, pero un juez federal determinó no estudiar el caso porque los residentes no lograron demostrar ser habitantes del lugar, porque no tenían un comprobante de domicilio.
Además, agregó el togado, las autoridades han sido omisas de dotarles de agua y garantizar el mínimo vital.
“El proyecto concluye que las autoridades responsables incurrieron en una omisión administrativa porque no garantizaron el derecho humano al agua en su mínimo vital”, expresó.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa comentó que es indispensable que sus habitantes no sólo cuenten con acceso al agua de forma asequible, sino que tengan depósitos de almacenamiento adecuados para prevenir la contaminación biológica o química de este líquido, ya que ello no sólo garantiza la calidad del agua, sino contribuye eficazmente a prevenir enfermedades que en muchas ocasiones son mortales.
“En el caso que nos ocupa, el reclamo no versa sobre el acceso a un servicio de suministro no restringido, sino sobre el propio suministro al mínimo vital. En este sentido, hablar del derecho humano al agua no solo es una cuestión menor, porque tiene un papel no sólo relevante, sino decisivo en la vida de las personas, esto es, se trata de un elemento indispensable para desarrollarse, por lo que constituye una precondición necesaria para una vida digna y la realización de otros derechos al más alto nivel posible, como la salud, la vivienda, la alimentación adecuada, entre otros”, dijo.
Recordó que el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es competencia del orden municipal.
Por su parte, la Ley de General de Aguas establece un deber de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para que en el ámbito de sus respectivas competencias, concurran en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia del derecho humano al acceso, disposición saneamiento de agua para consumo personal y doméstico a nivel local.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl se separó de una parte del proyecto que señala que el Estado debe proporcionar al menos 50 litros diarios para cubrir las necesidades básicas de consumo personal y doméstico.
“Si bien este parámetro encuentra el respaldo en ciertos estándares internacionales, el umbral de 50 litros diarios deriva principalmente de estudios técnicos que fueron elaborados hace más de 20 años. Los estándares internacionales más recientes, incluyendo los desarrollados por la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso adecuado al agua suele ubicarse más de cerca de los 100 litros diarios…”, explicó.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó este es un tema importante y recordó que todos formamos parte de las ciudades.
“El modelo de vida que hoy tenemos obliga a enfocarlo de esta manera, es decir, miren, antes de la llegada a los españoles, los asentamientos se hacían cerca de los ríos, cerca de las lagunas de los lagos, tenía que haber un aguaje y ahí se fundaba un pueblo. Porque es lo que da vida hoy, no. Hoy la gente nos acuerpamos en ciudades porque hoy dependemos de un salario para poder vivir. Y entonces se convierte en una obligación del Estado garantizar el mínimo vital a todos los que vivimos en algún lugar conurbado.
“Antes el agua no era un problema, había agua abundante había poca gente. Hoy hay más gente, poca agua y no nos estamos haciendo cargo de sanear el agua que tenemos. Cada ciudad son ríos de agua limpia que entra y ríos de agua sucia que sale”, abundó.
Aunque la ministra María Estela Ríos González se sumó a la propuesta, pidió tener cuidado.
“Los recursos hídricos son limitados, o sea, no tenemos abundancia de agua como lo tiene Canadá o como lo tienen otros países. Entonces eso obliga a una adecuado uso, a una adecuada administración del agua, precisamente para que en esa función de que todos tengamos derecho al agua se establezca una relación equilibrada entre todos los habitantes del país y en ese sentido coincido que debemos ser muy cuidadosos de que no por darle acceso a un determinado número de personas el derecho de acceso al agua, eso implique que no se les dé a otras personas…”
Al final, Arístides Guerrero pidió que la sentencia tenga efectos inmediatos para obligar a las autoridades municipales y estatales actuar, porque de lo contrario lo dicho por la Corte solo quedaría como un discurso.
“Esta Corte no puede escatimar, o sea yo invito a mis colegas de ministras y ministros a no escatimar en el reconocimiento del derecho humano al agua. El decir, esperemos que haya un plan, el decir, esperemos a que se logre desarrollar y se implemente una dirección, esperar más burocracia, esta Corte no puede implementar o proponer un criterio excesivamente burocrático”. Su propuesta fue aprobada.
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