La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informaron que del 1 de enero al 31 de marzo del presente año, sancionaron a 32 personas físicas y morales por infracciones cometidas en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esto como parte de sus acciones en el combate a la corrupción e impunidad.
Estas sanciones representan un promedio de 2.6 proveedores o contratistas sancionados por semana. En ese periodo, se impusieron multas económicas por un total de 15 millones 677 mil pesos y se establecieron 28 inhabilitaciones a dichos proveedores para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, las cuales, van de tres meses hasta dos años.
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Información falsa, principal irregularidad
Las restricciones van de tres meses a dos años y alcanzan tanto la participación directa de las empresas como cualquier intento de hacerlo mediante intermediarios.
La principal irregularidad detectada fue la entrega de información falsa en procedimientos de contratación, con 24 casos, lo que concentró la mayor parte de las sanciones aplicadas en el periodo.
Las actividades económicas relacionadas con las sanciones fueron:
- Prestación de servicios (37.5 por ciento)
- Sector salud (34.37 por ciento)
- Adquisición o arrendamiento de bienes (15.62 por ciento
- Construcción (12.5 por ciento)
Las sanciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y dichas personas físicas y morales fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la transparencia en las compras públicas. Incumplir los contratos públicos tiene consecuencias
IMSS, dependencia más sancionada
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución con más proveedores sancionados, al registrar 14 casos vinculados con contrataciones públicas.
Por tipo de actividad económica, 37.5 por ciento de las sanciones correspondió a prestación de servicios; 34.37 por ciento, al sector salud; 15.62 por ciento, a adquisición o arrendamiento de bienes, y 12.5 por ciento, a construcción.
Los proveedores y contratistas quedaron inscritos en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, donde se concentran las personas físicas y morales impedidas para contratar con el gobierno federal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que estas medidas forman parte de la política para cerrar espacios a irregularidades en las compras públicas y advertir que los incumplimientos en contrataciones federales tienen consecuencias administrativas y económicas.
IOGE
