La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) investiga a Sady Arturo Loaiza Escalona, quien desde el sexenio pasado estuvo a cargo del diseño de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por haber incurrido en presunto cohecho.
Entre 2022 y 2025, Loaiza fue director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos y estuvo subordinado al director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, cuya salida de la institución fue polémica en febrero de 2026.
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Antes, Loaiza Escalona, de origen venezolano, ocupó diversos cargos en el gobierno de Nicolás Maduro, incluido el de ser director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas de ese país.
De acuerdo con el organigrama de la SEP, Arriaga dirigía la política editorial y Loaiza coordinaba parte del desarrollo pedagógico, edición e innovación de los materiales educativos.
Desde febrero de este año, se dio a conocer que tanto Arriaga como Loaiza fueron denunciados por la subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la Educación Secundaria de la SEP, Samantha Natalia Ríos Villanueva, ante el Órgano Interno de Control (OIC) por presuntos actos de extorsión y pedir dinero a los servidores públicos de la dependencia.
Mediante un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP, Luz María García Rangel, dio a conocer que existe un expediente de presunta responsabilidad administrativa en contra de Loaiza Escalona, identificado como el PR-003/2026.
Sin embargo, el exfuncionario no ha podido ser localizado en los domicilios que proporcionó para ser notificado de los señalamientos en su contra.
“En los domicilios proporcionados y agotados para llevar a cabo el emplazamiento al C. Sady Arturo Loaiza Escalona del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra por la presunta falta administrativa GRAVE, consignada en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no fue localizado; se considera necesario realizar las gestiones conducentes a efecto de garantizar el debido proceso y otorgar seguridad jurídica al presunto infractor”, dice el edicto.
El artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas describe en qué consiste la falta administrativa grave de cohecho.
“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”, dice el artículo.
“También incurrirá en cohecho el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción”, añade.
Debido a que no se le ha localizado, la titular del Área de Responsabilidades del OIC ordenó notificar mediante edictos y con un aviso en el área de estrados de la SEP a Loaiza Escalona que deberá presentarse ante el OIC para la audiencia inicial del procedimiento en su contra.
El cohecho también puede ser investigado por la vía penal, pues en el artículo 222 del Código Penal Federal se considera como un delito de corrupción.
En la audiencia ante las áreas de la SABG, el señalado deberá ofrecer las pruebas que considere necesarias para su defensa, teniendo derecho a ser asistido por un defensor perito en la materia y, de no contar con un defensor, le será nombrado uno de oficio.
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