A la Comercializadora Mirof SA de CV, empresa proveedora de 200 mil cobertores a sobreprecio, se le fincó una multa de 70 mil 100 pesos por cada infracción y una inhabilitación de cinco años, pese a haber generado un daño al erario público por más de 8 millones 097 pesos.
Las infracciones que le adjudica la Auditoría Superior del Estado (ASE) son por lo menos tres: falsificación de documentos, incurrir en faltas u omisiones al contrato y daño al erario público.
De acuerdo a una auditoría interna realizada por la Contraloría del Estado se encontraron anomalías en la licitación, adquisición y posterior entrega de los cobertores, por los cuales la empresa recibió un pago de 28 millones 977 mil pesos.
La información fue revelada gracias a un oficio emitido por la Contraloría del Estado a una solicitud de audiencia realizada por la diputada del PRI, Gloria Treviño, sobre el caso conocido como Cobijagate.
En dicho oficio, suscrito por la contralora Nora Elia Cantú, se integra el "Informe de Observaciones detectadas al proveedor", el cual se emitió el 21 de octubre de 2016, pero fue de conocimiento público este 3 de abril, al revocarse la reserva de información que existía en el caso.
Cabe destacar que la Comercializadora Mirof incurrió en diversas anomalías, como el incumplimiento al lugar de entrega, pues en lugar de realizarse en el lugar pactado (calle Granados #403-A, colonia Coyoacán, Monterrey) se realizó en una bodega.
Además la entrega se realizó días antes de que el Estado lanzara la licitación pública, por lo que la Auditoría Superior del Estado dedujo que el contrato se adjudicó directamente a la empresa.
Cuando se dio el fallo para adjudicar al proveedor el pasado 24 de diciembre de 2015 ya se había recibido un 78 por ciento del total de las cobijas.
Adicionalmente en el muestreo físico se encontró que solamente 27 cobertores cumplen con las especificaciones en peso y medidas que se estipularon en la subasta electrónica inversa con ficha técnica numero 33341.
En el caso del domicilio fiscal de la empresa, la Auditoría Superior del Estado encontró que en realidad alberga a una casa habitación.