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Revelan nombres de investigados por anomalías en firmas

Los cuatro aspirantes buscan ser candidatos para diputaciones federales de manera independiente y al menos dos de ellos formaban parte del Gobierno del Estado.

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De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), cuatro aspirantes a una candidatura a diputado federal por Nuevo León tienen irregularidades en las firmas recabadas, por lo cual, tras ser notificados, tienen cinco días para presentar ante ese organismo los requerimientos que les hicieron y poder competir el 1 de julio.

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Según el INE en esta situación se encuentran José Eduardo Santos González, José Garza Rodríguez, Jaime Jair Sandoval Álvarez y Raúl Guajardo Cantú.

Cabe recordar que hace unos días el INE anunció que 28 aspirantes a un puesto de elección popular de diputado federal tenían inconsistencias en los apoyos presentado ante ese instituto, es decir, que uno de cada 7 precandidatos con fallas en el país resultaron del estado de Nuevo León.

"Mismos que están siendo notificados y contarán con 5 días después para su derecho de audiencia", señala el documento del INE.

En el caso de José Eduardo Santos González, ex director General de la Oficina del secretario de Educación en la entidad, y que buscaba la candidatura independiente al distrito uno federal, durante el proceso de insertar las firmas ante el INE logró un avance del 213 por ciento.

Sin embargo, debido a que en el proceso de verificación de las mismas el INE descubrió irregularidades, está en riesgo lograr esa candidatura, misma situación en la que se encuentran ahora estos cuatro aspirantes independientes.

Por su parte, Raúl Guajardo Cantú, ex director Regional del Registro Civil, terminó el plazo de recolección de apoyos con un 221 por ciento de avance, además de que cerró el proceso como el precandidato con más cantidad de firmas en la entidad.

Ahora, y al igual que los otros tres aspirantes deberá demostrar que no hubo ilegalidades en esas firmas presentadas.

Fue el pasado 15 de enero cuando el INE anunció que, una vez hecha la notificación a los aspirantes y agotado el derecho de audiencia, los casos pasarían a la Comisión de Prerrogativas y luego al Consejo General del INE donde se decidiría si aparecen en las boletas electorales del 1 de julio o no.

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