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¿Inclusión o escuelas especiales para alumnos con discapacidad?

Nueva Ley de Educación

¿A qué modelo apunta el actual gobierno: a mantener las escuelas especiales o a buscar la inclusión en la Reforma Educativa que está por aprobarse en la Cámara de Diputados?
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Si bien la nueva reforma constitucional en materia educativa que se discute actualmente en el Poder Legislativo ha estado capturada por el tema docente y magisterial, hay un punto —o varios— que tienen que ver con los beneficiarios del sistema, con los alumnos y dentro de este universo, con las personas con discapacidad (PcD).

Desde que se conocieron los artículos que se van a reformar y sus implicaciones comenzaron muchas dudas y muchos reclamos de mayor claridad sobre conceptos poco desarrollados por parte de asociaciones civiles vinculadas con esta minoría así como de organismos como el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la CdMX (Copred).

Básicamente se trata de entender qué significan y que involucrarán los conceptos de ‘inclusión’ y de ‘educación especial’ que plantea el nuevo modelo 2019.

Si bien tratan de hacer lo mismo (lograr que las PcD accedan a la educación) y parecen ser la misma cosa para quienes no están al tanto de la educación de PcD, en realidad son dos conceptos absolutamente diferentes cuando se los analizan de cerca.

Es más, son contradictorias. Educación especial no es educación inclusiva.

Simple: la educación especial es un modelo de educación con escuelas y currícula propia que sólo brinda servicios a personas con discapacidad.

La inclusión educativa es usar las mismas escuelas para que estudien alumnos con y sin discapacidad en espacios que han sido ajustados para que no haya barreras de ningún tipo para cualquier persona, pero con apoyos y modificaciones a la currícula según cada alumno necesite (que se conoce como “ajustes razonables”).

Y ahí comienzan todas las confusiones de la actual reforma.

La génesis

El sistema educativo mexicano es grande y complejo: 36 millones de estudiantes, 2 millones de docentes y 260 mil escuelas. Además, operan en él dos modelos: el de las escuelas regulares y las escuelas especiales. Las primeras para alumnos estándar y las segundas para alumnos con alguna discapacidad.

Existen mil 681 escuelas especiales o Centros de Acción Múltiple donde sólo estudian PcD. Hay otras 4 mil 423 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) que ofrecen servicios de educación para que PcD se incluyan en escuelas regulares. Es decir, sólo el 1.71 por ciento de las escuelas regulares tienen apoyo de USAER.

Este es un modelo tradicional que muy poco a poco se ha vuelto ligeramente inclusivo (la mayoría de las instituciones no reciben a alumnos con discapacidad) que opera desde hace 50 años y sigue excluyendo y discriminando de facto a los alumnos con discapacidad.

La educación especial, según la actual Ley General de Educación, existe para eliminar las barreras que limitan el aprendizaje a personas con discapacidad o dificultades de aprendizaje así como para alumnos con capacidades sobresalientes.

También es un modelo insuficiente: la mitad de las personas con discapacidad entre tres y 22 años (unas 550 mil) no están escolarizados. De los que sí han tenido la oportunidad de ir a la escuela, sólo tres de cada 10 va a una escuela ‘regular’ mientras que apenas el 11 por ciento está en una escuela especial. Un dos por ciento accede a educación superior.

La discriminación es doble si tomamos en cuenta que seis de cada 10 personas con discapacidad viven en pobreza.

Desde hace 12 años, México no sólo contribuyó a redactar sino que firmó (y por lo tanto se obligó a cumplir) la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Ahí, en el único tratado de derechos humanos que nuestro país ha propuesto al mundo, claramente se apuesta por la educación inclusiva y se solicita incluir a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las instituciones de enseñanza.

Para resumir: el hecho que los alumnos con discapacidad requieran de atención especial o especializada o herramientas educativas especiales no es lo mismo que deban ser enviados a una escuela especial.

En 2006 México redactó y firmó en la Convención que “la educación inclusiva es un derecho humano de todo alumno”.

Educación en igualdad de condiciones es la norma, es decir, incluir a alumnos con discapacidad en escuelas estándar.

Los servicios de educación especial hoy atienden a casi 530 mil alumnos (la mitad privilegiada que puede acceder a una institución), de los cuales dos de cada 10 tiene discapacidad intelectual, un tres por ciento discapacidad motriz y un 67.6 por ciento presentan ‘otras condiciones’ explica vagamente y sin especificaciones la SEP. Este grupo con vaya a saber qué necesidades creció 214 por ciento desde 2012.

“Con estos datos queda claro que la Educación Especial no es un modelo educativo sino sólo un servicio para un grupo de personas con condiciones específicas”, explica Agustín de Pavia, abogado especializado en DDHH y discapacidad.

El modelo de educación especial es discriminatorio. Así lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses, en un amparo, cuando determinó que la educación debe ser inclusiva. Es decir, que todos los niños, niñas y adolescentes deben integrarse al sistema educativo ‘general u ordinario’ (nótese que no sabemos ni siquiera como nombrar o diferenciar a un tipo de escuela de otra).

El Judicial es el poder que más ha hecho por respetar la igualdad y la inclusión versus sus pares del Ejecutivo y Legislativo.

Si ahora en la Constitución, el término de “educación especial” aparece como un derecho, el Poder Judicial ya no podrá defender la visión de la Convención. Así es el peso de dos palabra mal aplicadas.

De peras y manzanas

Sin dudas las palabras y las definiciones son lo que separan una injusticia de un derecho o un acto de discriminación de un principio de igualdad.

¿A qué modelo apunta el actual gobierno: a mantener las escuelas especiales o a buscar la inclusión en la Reforma Educativa que está por aprobarse en la Cámara de Diputados?

Deberá ser muy preciso en la redacción de los incisos del Artículo 3o, ya que los dos conceptos si bien suenan muy inclusivos son contradictorios y discriminatorios.

Los puntos polémicos son:

1) La modificación al artículo 3ro. de la Constitución Política, en sus principios:

Al final se agrega este párrafo: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por ésta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

Esto sí es un gran logro: sumar la palabra ‘inclusiva’ por primera vez en este artículo de la Carta Magna. ¡Mucho más en sus principios! A partir de ahí todo debería ir en el mismo sentido

Más adelante, se genera una confusión no menor:

2) El Numeral II, inciso F del mismo artículo 3ro:

Aquí se considera ahora que “será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, en el aula regular se realizarán ajustes razonables, lo que incluye el derecho a recibir educación especial en sus diferentes modalidades” .

Vamos por partes.

• Realizar ajustes razonables (es decir dotar de lo que necesite un alumno con discapacidad) a un aula regular, es el principio de la educación inclusiva: todos los estudiantes van a la misma escuela y al mismo salón que ha sido adecuado con maestros capacitados, con materiales adaptados, con apoyos especiales para que todos reciban la misma currícula.

• Pero redactar inmediatamente después que esto incluye el derecho a recibir educación especial en sus diferentes modalidades es contradictorio: o aulas adaptadas o aulas separadas.

La educación especial no es un derecho, sino una modalidad de enseñanza.

El mismo inciso contradice los estándares internacionales y aunque ‘se lea’ bonito, en realidad es un texto que comienza siendo de corte igualitario aunque termina siendo discriminatoria.

“Confundir el dar educación inclusiva con educación especial es como prohibir la educación privada porque se paga cuando la Constitución dice que es gratuita”, afirma Agustín De Pavia.

¿Inclusivos o especiales?

“¿Por qué se confunde la modalidad de escuela especial con el principio de inclusión? Porque los legisladores creen que las leyes son perfectas, que la equidad educativa, la inclusión son sinónimos”, agrega De Pavia.

Las dudas sobre qué quiere o qué impulsa la actual administración no sólo se generan en las Cámaras, sino que se replican en la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la conferencia mañanera del Presidente de este viernes 29 el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, trató de resumir el nuevo modelo educativo con una tabla que comparaba la Reforma Educativa del 2013 con la actual.

Entre los 14 puntos que evaluó, incluyó al tema de la inclusión (o educación especial, o ambas, o...).

Según la lámina que proyectó, en la columna de la Reforma de 2013 dice que “se ignora la educación especial, la indígena y la normal”, mientras que en la columna de su Iniciativa de Abrogación 2019 —un verbo que significa sustitución— “se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública, a quienes se dará prioridad para el ingreso”.

¿Cuál es la definición del gobierno sobre educación especial? El Secretario no la explicó tampoco en su discurso.

En realidad la Reforma del 2013 sí incluía la “La Estrategia de Equidad e Inclusión del Nuevo Modelo”, y se presentó formalmente el 6 de julio de 2017.

Aquella propuesta prometía “impulsar el tránsito de la educación especial a la inclusiva”, es decir, que todos los niños accedan a los mismos salones, maestros y contenidos.

La SEP propuso arrancar el siguiente período escolar con un plan piloto en 250 escuelas para una inclusión plena en 13 años, es decir, lograr la plena inclusión en los 260 mil planteles de todo el país.

Lo cierto es que este programa se lanzó sin presupuesto, sin planes para escalarlo mes a mes y sin mediciones de resultados. Pero al menos sí había una claridad y una diferencia entre educación inclusiva y educación especial y un plazo para lograrlo.

Pero la nueva propuesta tampoco contempla ni plazos (cuantos meses o años demandarán los nuevos beneficios, si los hay) ni el presupuesto (adecuar las aulas demanda de un censo no sólo de las instituciones sino de los alumnos), ni la capacitación.

Se ha hecho hincapié en la importancia de las Normales como las escuelas que van a tener la prioridad a la hora de las plazas docentes pero no se ha pensado en la modificación de sus programas de estudio para que se sumen materias y formación relacionada con la discapacidad para poder cumplir con el mandato de la inclusión.

“Es difícil conseguir la inclusión de un sólo trancazo. Si se quita de plano la Educación Especial tiene que haber una transición muy clara a las escuelas regulares. Incluso hay padres de niños y colectivos de personas con discapacidad —como personas con discapacidad múltiple o severa y también la comunidad sorda— con el legítimo interés de no perder esos planteles. Se necesita tiempo y dinero para pasar del sistema actual a uno inclusivo”, me dice Katia D’Artigues, presidenta de la Fundación Yo También.

Lo prioritario siguen siendo las definiciones y la claridad de un modelo que no está tan claro como se cree, ni tan igualitario y de derecho como se vende.


**Barbara Anderson es columnista de MILENIO e integrante de Yo También AC**

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