Los integrantes de la Comisión Anticorrupción acudieron este jueves ante el Poder Judicial de la Federación en Nuevo León al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, para recibir parte de las primeras pruebas y comenzar el análisis de presuntas irregularidades en el proyecto del acueducto Monterrey VI.
Ángel Barroso, presidente de la Comisión Anticorrupción, comentó que con la recepción de dichas pruebas comienza un análisis del expediente emitido por organizaciones civiles, en las que se presume un ecocidio por parte de la administración estatal pasada de Rodrigo Medina de la Cruz.
"Esta parte del proceso es integrar las pruebas fehacientes para que siga el análisis del expediente 8886, que es la declaración de procedencia contra quien resulte responsable por el presunto ecocidio", manifestó.
A la salida del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Samuel García Sepúlveda, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción, comentó que entre los documentos recibidos se encuentran el contrato de Asociación Pública Privada (APP) para la prestación del servicio de entrega de agua en bloque de Monterrey VI; así como un título de asignación emitido por la Comisión Nacional del Agua y el convenio de coordinación entre la Semarnat y el Estado.
García Sepúlveda explicó que como parte de las presuntas irregularidades, se manifiestan presuntos pagos por más de un millón de dólares a particulares para distintos servicios.
"Si encontramos los elementos de pruebas suficientes, procederemos conforme a ley, a entregar un expediente penal" aseguró.
A la recepción de pruebas también acudió Daniel Carrillo, presidente del Congreso local, y se mencionó que los asistentes del Legislativo continuarán recabando otras pruebas para preparar un expediente más completo.
