El ministro Luis Maria Aguilar Morales desechó las peticiones de la Secretaría de Educación Publica (SEP) y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), las cuales solicitaron echar abajo la suspensión que permite al gobierno del estado Chihuahua no distribuir los libros de texto gratuitos en dicha entidad.
Las quejosas entregaron oficios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde dieron a conocer que en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los programas y planes de estudio sobre los libros de texto gratuitos, razón por la cual se debía levantar la suspensión.
No obstante, el ministro respondió que no se podía levantar la suspensión porque van más allá sus efectos.
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“En ese sentido, la inviabilidad de la pretensión del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Educación Pública radica, precisamente, en que se deje sin efectos la suspensión otorgada en la controversia constitucional, a partir de elementos que se relacionan con el estudio de fondo que debe emprender este Máximo Tribunal al momento de emitir su resolución, pero que como tal, no generan un cambio de situación jurídica que justifique la modificación de la medida cautelar, ni tampoco repercuten en sus efectos a tal grado que pueda afirmarse que ha quedado sin materia”.
Hace unas semanas el ministro señaló que la suspensión que concedió al gobierno de Chihuahua contra la distribución de libros de texto tiene como finalidad garantizar el interior superior de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, indicó que para la elaboración de las normas deben considerarse a los menores de edad y la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de dichos instrumentos educativos.
También, agregó, se debe garantizar, la opinión de los gobiernos estatales, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros.
Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de educación básica.
Aguilar Morales aseguró que la suspensión concedida en la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua, no le causa un daño mayor a la sociedad, ni se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico nacional.
aag
