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Jueves , 21.02.2019 / 09:08 Hoy

¿Qué pendientes quedan con la ley de transparencia?

De acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar, la ley de transparencia que promulga hoy el Presidente servirá para que los estados actualicen su legislación en la materia.

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Para el centro de análisis e investigación Fundar la mitad de las leyes estatales en materia de transparencia y acceso a la información "están reprobadas y tienen grandes rezagos".

De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) las reformas que las leyes estatales de transparencia han sufrido son insuficientes.

Dos de los retos que identifica el IDAIM 2015 son la necesidad de mejorar el proceso de designación de comisionados y comisionadas y garantizar la documentación del ejercicio gubernamental.

Para Fundar "no será suficiente con reformar; indispensable hacerlo con base en las bases y criterios establecidos en la Constitución y la Ley General".

Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT), una de las leyes secundarias de la reforma en materia de transparencia.

Para Fundar, con esta ley se genera "una estructura legal robusta y garantista del derecho de acceso a la información pública"

Sin embargo, la organización considera que "ahora el mayor reto está en las entidades federativas".

"Para lograr que esta reforma permee hasta los estados se tienen que reformar las 33 leyes de transparencia con base en los criterios de la LGT y asegurar su adecuada implementación".

Las entidades federativas y la federación tienen hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir, hasta mayo de 2016.

Para que los estados tomen en cuenta las reformas que requieren Fundar presentó los resultados 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM).

"El IDAIM 2015 subraya la permanencia de grandes rezagos en el marco legal de las entidades federativas. La mitad de las leyes estatales siguen reprobadas. Más preocupante aún es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia".

Según el IDAIM 2015, solo 9 leyes estatales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007.

¿Qué deben reformar los estados de acuerdo con Fundar?

-Mejorar el diseño institucional: lo cual implica un cambio para la administración estatal y crear la figura del comité de información el cual funge como filtro para evitar reservas de información mal fundadas o declaratorias de inexistencia cuando no sea el caso.

-Mejorar el proceso de designación de comisionados: lo cual es urgente para garantizar la autonomía plena de los órganos garantes estatales.

-Reconocer expresamente el derecho de acceso a la información como un derecho humano: el cual sigue pendiente en 24 leyes y es base para una interpretación de la ley más garantista.

-Integrar a los nuevos sujetos obligados: solo 6 leyes contemplan a los sindicatos y 17 a los partidos políticos de manera directa.

-Garantizar la generación de información: establecer como obligación el documentar todo acto que derive de las facultades, responsabilidades o funciones de los sujetos obligados; establecer sanciones cuando esto no suceda y facultar al órgano garante para que resuelva la generación de información cuando corresponda con la obligación del sujeto obligado.

¿Qué es la ley de transparencia?

La nueva ley forma parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de transparencia aprobada en 2014.

Con la Ley General de Transparencia se le dan nuevas atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para transparentar los ejercicios de gobierno de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

La ley obliga también a particulares que ejercen recursos públicos a transparentar su información.

Contempla sanciones a particulares que van de los 3 mil 600 pesos hasta los 100 mil pesos.

En la ley se especifica que "no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad".

Los sujetos obligados deberán hacer públicos expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias.

Sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Sobre las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados, el artículo 70 dice que en la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos "la información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable".

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