El PRD en el Senado se pronunció por revisar cuantas líneas de investigación sean necesarias para prevenir nuevos hechos de violencia en la rural de Ayotzinapa, al aseverar el coordinador Miguel Barbosa que las escuelas no son ínsulas ni espacios territoriales a los que nadie pueda acercarse como si fueran Estados de Excepción.
En ese sentido, el guerrerense Armando Ríos Piter acusó que es evidente que hay una actividad criminal continua en esa zona, “donde grupos delincuenciales de distinta naturaleza, lo que hacen es estarse peleando el territorio y ese es el enfoque que hay que darle y esa es la exigencia que hay que hacerle a la autoridad, no solamente al estatal, o a las municipales, sino a la federal”.
Entrevistados sobre los hechos ocurridos hace veinte días en la Rural de Ayotiznapa, donde un grupo delincuencial de Los Ardillos pretendió levantar a estudiantes presuntamente miembros del cartel de Los Rojos, los legisladores demandaron una estrategia de seguridad que permita limpiar toda esa zona de violencia y grupos delincuenciales.
Barbosa Huerta sostuvo que ninguna escuela o institución educativa debe ser un ínsula donde no se pueda saber qué está ocurriendo.
“Sí hay una necesidad de que en la Normal de Ayotzinapa puedan las cosas funcionar de manera regular, así es que, hechos que puedan ocurrir en esa Normal debieran no ser otros que los de la impartición de una carrera de maestros, de normalistas, y ningún otro”, planteó.
Respecto a la posible existencia de alumnos vinculados al crimen, el legislador indicó que no se debe intervenir o atentar contra la autonomía de la institución, la libertad de cátedra, pero sí deben darse todas las garantías a quienes estudien ahí de que puedan ejercer esa actividad y concluir sus estudios de normalistas, sin presión de ninguna naturaleza.
“Que no haya censura sobre nada y menos una presión de grupos delincuenciales, de grupos violentos, eso debe de preocuparnos también a nosotros. Ya hubo una tragedia en relación a 43 estudiantes que todos lamentamos ¿qué tenemos que esperar?, ¿que haya otra como ésta que describe la nota de Milenio del intento de un grupo armado de querer llevarse a estudiantes de la Normal y de que lo impidieron guardias comunitarias y todo un esquema de seguridad que pueda funcionar ahí?”
En su opinión, se les deben dar todas las garantías para ello y que la rural no sea una especie de espacio territorial al que nadie puede acercarse como si hubiera un estado de excepción en ese lugar.
A su vez, Ríos Piter denunció que a un año de la desaparición de los 43 normalistas no ha pasado nada en esa región ni en todo Guerrero, “porque no se ha hecho nada”.
“De lo que ha carecido en Guerrero, en evidencia en los últimos años, y que se digamos, se quedó en descubierto, tras los sucesos de Iguala es, que ahí el Estado de Derecho no rige, no hay Estado de Derecho. Lo que tiene son a grupos delincuenciales que se pelean por el territorio, y esa es la gran ausencia del Estado, dándoles respuesta a 43 jóvenes desaparecidos”, concluyó.
