Ciudad de México /
El juicio político mexicano es parecido al impeachment de Estados Unidos: se trata de un mecanismo legislativo para remover al funcionario público de su cargo o prohibirle ser funcionario público durante un tiempo, cuando haga mal su trabajo. La fracción primera del artículo 109 de la Constitución dice que aplica el juicio político “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Las causas son ambiguas y dejan al Poder Legislativo actuar con discrecionalidad, permitiendo que esta decisión recaiga en la integración del Congreso por partido político y la coyuntura.
