La diputada de Movimiento Ciudadano, Karla Perales, presentó una iniciativa en el Congreso de Hidalgo para incorporar el concepto de violencia institucional en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con el propósito de prevenir abusos de autoridad durante el primer contacto de adolescentes con los cuerpos de seguridad y el sistema de justicia.
La propuesta plantea establecer obligaciones específicas para las autoridades a fin de evitar actos que vulneren los derechos humanos de personas menores de edad sujetas a un procedimiento penal, al considerar que la comisión de un delito no implica la pérdida de su dignidad ni de las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que la violencia institucional continúa siendo una problemática poco visible dentro de los sistemas de seguridad y justicia, pese a que diversos estudios documentan agresiones cometidas durante las detenciones de adolescentes.
Como sustento de la propuesta, citó datos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, según los cuales casi siete de cada diez adolescentes reportaron haber sufrido violencia psicológica durante su detención; cinco de cada diez dijeron haber sido víctimas de violencia física y cuatro de cada diez denunciaron que les fueron retiradas pertenencias durante el primer contacto con la autoridad.
Karla Perales sostuvo que ninguna estrategia de seguridad puede basarse en el abuso de autoridad y advirtió que muchos adolescentes en conflicto con la ley provienen de entornos marcados por la violencia, la exclusión social, la desintegración familiar o la falta de oportunidades, condiciones que, afirmó, deben ser consideradas al diseñar políticas públicas de prevención y reinserción.
La iniciativa propone que la legislación estatal reconozca expresamente la violencia institucional como una forma de vulneración de derechos y establezca mecanismos para prevenir conductas abusivas por parte de servidores públicos que intervienen en procesos de detención, investigación o procuración de justicia relacionados con personas menores de edad.
Durante su intervención en tribuna, la diputada afirmó que las sanciones penales pueden restringir la libertad de un adolescente, pero no justificar actos que atenten contra su integridad o dignidad.
"Por haber cometido un delito, no deja de ser un adolescente ni pierde sus derechos humanos. La ley puede privarlo de la libertad; nunca de su dignidad", expresó.
La legisladora concluyó que fortalecer la seguridad también implica consolidar instituciones que respeten la legalidad y los derechos humanos durante todas las etapas del proceso penal, particularmente cuando se trata de adolescentes, al considerar que la actuación del Estado debe apegarse a sus principios incluso frente a quienes han infringido la ley.
