El diputado Mario Zamora, del PRI, presentó una iniciativa para castigar hasta con 12 años de prisión y hasta 20 años de inhabilitación a los 'aviadores' o personas que cobran sin trabajar en el servicio público, así como a los superiores jerárquicos y responsables de autorizar dichas remuneraciones ilícitas.
La propuesta de reformas y adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal equipara esa práctica con el desvío de recursos públicos y el delito de remuneración ilícita, tanto por recibir un sueldo sin desempeñar en forma efectiva las funciones del cargo, como por asignar, validar o mantener esos pagos desde las áreas administrativas.
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¿Qué implica la iniciativa?
De acuerdo con la exposición de la iniciativa, el impacto presupuestal por las 'plazas fantasma' y 'aviadores' genera un boquete financiero de miles de millones de pesos en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión.
“Aunque por su naturaleza clandestina es complejo determinar una cifra exacta a nivel nacional, diversas estimaciones de organismos civiles dedicados al estudio de la corrupción y las finanzas públicas señalan que la simulación laboral y el pago de remuneraciones no devengadas pueden llegar a representar entre tres y cinco por ciento del gasto total destinado a servicios personales en el Presupuesto de Egresos”, denunció Zamora.
Sostuvo que la bolsa de recursos rescatada al eliminar los 'aviadores' tendría un destino social y humano urgente en todos los niveles de gobierno.
¿A dónde se destinarían los recursos?
El legislador sinaloense estimó que, en el ámbito de la salud, permitiría la contratación de médicos especialistas reales, enfermeras y personal de base para clínicas rurales que hoy lucen abandonadas, además de garantizar el abasto de medicamentos.
En materia de seguridad pública, esos recursos podrían destinarse de manera directa al equipamiento, capacitación y dignificación salarial de las policías locales y municipales.
Y a nivel municipal, los fondos representarían la viabilidad financiera para mejorar la infraestructura básica, el bacheo y los servicios de alumbrado público.
“Tolerar las plazas fantasma y la existencia de aviadores es validar un robo continuo al esfuerzo de la sociedad y permitir que la simulación carcoma la confianza en el servicio público. Quien decida cobrar del erario sin trabajar, quien lo autorice, quien lo procese o quien decida voltear hacia otro lado desde su posición de mando debe asumir las consecuencias de sus actos con la destitución, una inhabilitación ejemplar y la cárcel”, puntualizó el representante del PRI.
IOGE
