La Procuraduría Federal del Consumidor aseguró haber intensificado los operativos de vigilancia a proveedores de combustibles; tan sólo en 2016 practicó 6 mil 373 verificaciones a gasolineras y otras mil 208 a plantas distribuidoras de gas LP.
En un informe turnado a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Economía detalló que el año pasado se atendieron 3 mil 484 denuncias contra gasolineras y 292 contra empresas gaseras.
Sin embargo, el informe no especifica cuántos de estos procesos terminaron en sanciones contra las empresas ni el número de verificaciones realizadas en años anteriores, por lo que a partir de él no se puede saber si en 2016 se fortaleció la vigilancia a los proveedores.
El documento, en cambio, precisa que el mayor número de las denuncias contra proveedores de combustibles obedece a que los consumidores tienen la percepción de no haber recibido la cantidad de combustible que solicitan y pagan.
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Por ello, la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco programó visitas de verificación en diversas gasolineras y aseguró que si se confirman las irregularidades denunciadas, se impondrán medidas precautorias para paralizar los instrumentos de medición, además de iniciar un procedimiento administrativo para la imposición de sanciones.
Según el documento de la Secretaría de Economía, el gas licuado de petróleo es considerado un producto de primera necesidad, al ser utilizado en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos y, como en el caso de la gasolina y el diesel, representa uno de los sectores estratégicos de mayor relevancia en la economía del país.
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En su requerimiento de información a la dependencia, los diputados federales subrayaron que en los últimos diez años se triplicó el número de gasolineras: mientras que en 2006 había 3 mil 723 en todo el país, para 2016 operaban 10 mil 715 estaciones de servicio de gasolina y diesel.
Los establecimientos concesionarios de Pemex funcionaban en su gran mayoría con irregularidades, advierte el documento.
Los legisladores advirtieron que el problema de robo de gasolina, además de otras anomalías, se agrava por la presunta colusión entre autoridades y encargados de gasolineras.
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Indicaron que la Profeco es la institución que debe proteger los derechos de los consumidores, garantizar relaciones comerciales equitativas de cara a las empresas, crear una cultura de consumo responsable y proveer acceso en mejores condiciones de mercado a los productos y servicios.
SBG
