Luego de que la Fiscalía General confirmó que bandas locales se dedican al despojo, la bancada del PRI en el Congreso local planteó castigar a los responsables que cometan el delito desde los 2 y hasta los 18 años, según sea el costo del terreno, y multas económicas que van desde los 4 mil 525 hasta los 27 mil 153 pesos.
En conferencia de prensa, Javier Caballero, diputado local del PRI, indicó que cuando el valor promedio de la vivienda no exceda el costo de un millón 859 mil 043 pesos, se aplicará la sanción de 2 a 7 años de prisión, y una multa que va de 40 a 100 cuotas, equivalentes a 4 mil 525 hasta 11 mil 314 pesos.
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Pero si el daño es mayor al valor promedio de la vivienda en México de un millón 859 mil hasta los 3 millones 718 mil 086 pesos, se aplicaría una pena de 4 a 9 años de cárcel, y una multa de 80 a 120 cuotas, equivalente a 9 mil 051 hasta los 13 mil 576 pesos.
Se aplicarían de 8 a 18 años de prisión, y una multa de 160 a 240 cuotas, que van desde los 18 mil 102 hasta 27 mil 153 pesos, cuando el daño exceda el 200%, o el valor de la propiedad sea mayor a 3 millones 718 mil 086 pesos.
"Tuvimos una reunión con la Fiscalía para analizar el tema de despojo de inmueble y en esta mesa de trabajo salió pues digamos una recomendación de poder modificar el código penal para que de acuerdo al valor de los inmuebles que sean invadidos o que se quieran robar o despojar se aumenten las penas. Queremos que sea un castigo progresivo precisamente para que pues sea proporcional el tamaño del daño al tamaño de la condena penada.
"Pensamos que sí es una buena alternativa la solución del conflicto de común acuerdo, pero también pensamos que debe de haber algunos casos donde se ponga de ejemplo penas grandes penas para que la gente le piense más antes de proceder. Después de estas mesas de trabajo nosotros damos un paso adelante, pero de aquí tenemos que volver a sentarnos a trabajar con fiscalía, con poder ejecutivo y con las demás fracciones, obviamente, para que toda esta iniciativa se apula y que tengamos redacciones correctas y no puedan ser, pues, judicializadas, ¿no?", finalizó.
La iniciativa busca modificar el artículo 398 bis del Código Penal, a fin de simplificar procesos, prevenir invasiones y reaccionar ante estos delitos que afectan el patrimonio familiar.
La propuesta, apuntó Caballero, será sometida a consideración de la Fiscalía General de Justicia, de los Grupos Legislativos del Congreso para lograr el consenso necesario y evitar que siga registrándose el delito.
Hace una semana, la Fiscalía General de Justicia advirtió que los delitos de despojo aumentaron a 3.5 o 3.7 por día en los primeros cinco meses del 2025, al tiempo que detectó a bandas locales que se dedican a cometer estos hechos en la zona conurbada y metropolitana de Monterrey.
Javier Flores Saldívar, fiscal general de Justicia, comentó que son bandas locales que tienen un modus operandi trazado para afectar a la población.
“Dentro de las actividades que se están revisando en la Fiscalía es la detección de bandas o grupos que están realizando en forma cotidiana ese tipo de delito, para el efecto de impactarlos directamente y dirigir los esfuerzos hacia ellos, consideramos la cuestión de la prevención a las reformas que hace el congreso, y recordemos, por ejemplo, la alerta que existe en el registro público de la propiedad, que es un derecho que se paga en tal instituto y cualquier cambio se avisa”, finalizó.
