La fracción del PRI en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un informe sobre la presunta vulneración a sus sistemas que dejó expuesta durante 56 días, del 6 de mayo al 30 de junio de este año, información sensible y personal de 830 mil funcionarios públicos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) investiga el daño a esas personas por la exposición en internet de información confidencial como ingresos; bienes inmuebles y vehículos declarados; adeudos, pasivos y créditos financieros, además de datos generales como números telefónicos, domicilios particulares, CURP y RFC.
La SFP dejó las declaraciones patrimoniales de 830 mil funcionarios públicos a la vista de cualquiera y de acuerdo a especialistas, la información puede ser utilizada en robo de identidad y poner en riesgo la vida de los trabajadores al servicio del Estado: @DulceSauri pic.twitter.com/z13JTgDJxK
— Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) August 2, 2020
La legisladora priista Dulce María Sauri advirtió que, hasta el momento, la SFP no ha dado una explicación de cómo, por qué y de quién es la responsabilidad.
“Durante 56 días quedó expuesta en internet, sin contraseñas, ni medidas de seguridad, información sensible y personal de 830 mil funcionarios públicos del gobierno federal y, hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública no ha dado una explicación por esta anomalía”, puntualizó.
Señaló que adicionalmente existe una agravante de los hechos, pues la Secretaría de la Función Pública notificó al INAI del incidente de seguridad hasta el 10 de julio, es decir, diez días después de que lo detectó, cuando la norma indica que debió avisar en 72 horas.
Sauri detalló que la SFP dejó las declaraciones patrimoniales de 830 mil funcionarios públicos a la vista de cualquiera y, de acuerdo con especialistas, la información puede ser utilizada en robo de identidad y poner en riesgo la vida de los trabajadores al servicio del Estado.
Subrayó por ello la necesidad de que la SFP rinda un informe al Poder Legislativo sobre el alcance de esta exposición de datos personales contenidos en las declaraciones patrimoniales, así como las medidas correctivas y preventivas para evitar la vulneración de esa información
Le instó asimismo a precisar el monto de los recortes presupuestales a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción de las medidas de austeridad impuestas por decreto presidencial del pasado 23 de abril.
“Si el gobierno de la República ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales políticas y compromisos, tiene la obligación de no poner en riesgo la vida, el patrimonio y los datos personales de estos servidores públicos, información que, por ley, debe estar protegida”, dijo.
