Aunque la Ley General de Partidos Políticos ordena a los órganos de justicia partidaria resolver las controversias en el menor tiempo posible para no afectar los derechos político electorales de los afiliados, el PRI no tiene plazos definidos para determinar si procede o no la expulsión de sus militantes.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria es la encargada de resolver las solicitudes de expulsión y dio entrada a las peticiones para expulsar a los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Quintana Roo, Roberto Borge y Chihuahua, César Duarte, así como el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por presuntos actos de corrupción.
En el caso de expulsión, la denuncia es por "cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones que se tengan encomendadas".
Hasta ahora, el único al que le suspendieron temporalmente sus derechos políticos como militante es a Rodrigo Medina, por estar sujeto a proceso penal por ejercicio indebido de funciones, relacionadas con el otorgamiento de incentivos para la armadora coreana KIA en Nuevo León.
La comisión, encabezada por Fernando Elías Calles, debe notificar formalmente a los imputados para que éstos puedan defenderse y agotar el proceso al interior de su partido, antes de acudir al tribunal.
En caso de encontrar elementos, las sanciones pueden ir de la suspensión temporal de derechos, inhabilitación temporal hasta la expulsión.
El período máximo de suspensión e inhabilitación son tres años.
De acuerdo con los documentos básicos, la imposición de las sanciones deberá ser fundada y atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del infractor y la proporcionalidad de la sanción.
