A pesar de que el Congreso de Nuevo León está en periodo vacacional y no puede recibir la propuesta del Estado, la diputada local del PRI, Armida Serrato, notificó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre el riesgo de enviar las próximas participaciones federales sin que se tenga un legítimo tesorero.
En el documento, dirigido a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, advierte de esta “delicada situación”, la cual puede tener afectaciones que trastoquen las operaciones financieras y el control interno del gobierno estatal.
Este 1 de abril concluyeron los 90 días previstos por la Constitución para que Ulises Carlín de la Fuente continúe como encargado del despacho.
Ante esta situación, el Poder Legislativo busca dejar constancia ante la autoridad federal sobre la falta de un titular ratificado en una de las áreas más críticas de la administración pública.
Riesgo en la administración de participaciones federales
“En el marco de las participaciones federales próximas a enviarse al Estado de Nuevo León es de poner especial atención, ya que el encargado de despacho de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León nombrado por gobernador, no se encuentra legitimado para la administración de dichos recursos”, señala la diputada Armida Serrato en su oficio.
La relatoría de hechos entregada a la SEGOB destaca que la vacante se originó desde el pasado 31 de diciembre del 2025, cuando el entonces Secretario de Finanzas y Tesorero General, Carlos A. Garza Ibarra, presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el día 2 de enero del presente año.
Vencen de plazos legales y el Ejecutivo omite
“Es fecha que el Ejecutivo del Estado aún no ha sometido a la aprobación del Congreso del Estado la propuesta de la persona que ocuparía el cargo de Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado, en momentos en que el 31 de marzo vencieron los 90 días contemplados legalmente", puntualizó la legisladora priista.
Serrato concluyó su comunicación indicando que todo lo descrito se señala para los efectos que el Gobierno de México considere pertinentes, ante la falta de un proceso de ratificación que garantice la certeza jurídica en el manejo de los fondos públicos que llegan a Nuevo León.
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