Durante tres años nueve meses y tres días Israel Arzate fue el presunto culpable de la masacre de Villas de Salvárcar, porque tres años nueve meses y dos días atrás confesó - bajo tortura- ser uno de los homicidas de quince jóvenes que festejaban un cumpleaños. Hoy la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad inmediata.
"La única prueba es su confesión arrancada bajo tortura", dijo el abogado Luis Tapia, del Centro Prodh, que lleva su defensa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo liso y llano por graves violaciones a sus derechos humanos, con lo que Arzate debía quedar libre del arraigo domiciliario en casa de su madre, en el que lleva trece meses. [OBJECT]
El 31 de enero de 2010 un comando armado entró a la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez. Los autos se estacionaron afuera de una pequeña casa donde unos jóvenes festejaban un cumpleaños. Los vecinos escucharon llantas de auto rechinar sobre el pavimento, enfrenones, y minutos después balazos.
Cuando llegaron, la casa estaba bañada en sangre y los cuerpos yacían por todos lados. Unos cuantos llegaron al hospital, la mayoría no sobrevivió. El saldo fue de 15 muertos.
Esa noche Arzate había ido a una fiesta. Tres días después terminó de vender discos comptactos y fue a la estética de belleza de su mujer. Una camioneta lo detuvo. Le preguntaron si era Carlos Madrigal. No era. Se lo llevaron.
Días después, el 11 de febrero, el presidente Felipe Calderón visitó Ciudad Juárez. La ciudad estaba de luto, los activistas indignados, las madres desgarradas. Villas de Salvárcar fue la primera masacre que indignó al país y 2010 fue el año más violento de Ciudad Juárez.
Después de la detención, Arzate fue acusado primero de robar un auto, presuntamente detenido en flagrancia. Ahí, dijo la fiscalía, por voluntad propia, se confesó culpable de los homicidios de Salvárcar. Su defensa alegó tortura por parte de los militares que obtuvieron su confesión.
"La tortura se comprobó. La CNDH investigó y el 31 de agosto de 2011 emitió una recomendación por tortura a manos de elementos castrenses", dice Tapia.
Dos veces, dice el abogado, Arzate fue torturado. La primera cuando fue detenido y llevado a una base militar, y la segunda cuando lo pusieron a disposición judicial y fue sustraído de la cárcel para conseguir otra confesión. Lo quemaron, le dieron toques eléctricos, dijo la investigación de derechos humanos.
Arzate no conocía a los otros detenidos por el caso, tampoco a las víctimas de aquella fiesta. Se dedicaba a la venta de discos compactos, tenía una familia, dos hermanos y una madre empleada de una maquiladora que se volvió su primera defensora. Guadalupe Meléndez, la madre de Arzate, había migrado de Chihuahua a Ciudad Juárez cuando esta era la ciudad prometedora de la maquila. Meléndez, la madre soltera de tres, se volvió una activista, primero del caso de su hijo, después de muchos otros. En una ocasión, viajó a la Ciudad de México con la madre de dos jóvenes asesinados en Salvárcar. Juntas hablaron con los medios. Las dos exigían justicia.
En el juicio, Arzate no fue señalado por los testigos. No había ninguna prueba ni física ni testimonial en su contra, "la única prueba es su confesión arrancada bajo tortura, nunca debió ser vinculado a este proceso porque no existían pruebas", dijo el abogado.
La defensa promovió dos amparos y el juicio fue suspendido, pero Arzate no fue puesto en libertad sino arraigado en casa de su madre desde septiembre de 2012.
El caso de amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pretendía otorgarle el ampara para efectos, con lo que todo volvería al estado previo a la confesión obtenida bajo tortura, es decir, otro proceso. Una segunda propuesta del ministro Arturo Zaldívar y apoyada por mayoría, le otorgó el amparo liso y llano considerando las graves violaciones a sus derechos humanos y pedía ordenaba su inmediata liberación.
Horas después el abogado Tapia esperaba que la procuraduría de Chihuahua lo liberara. Hasta entonces, Israel no sabía que era libre. El arraigo no permite llamadas telefónicas.
"La decisión finalmente se tomó después de varios años de lucha. Ahora queremos ver que se materialice la libertad", dijo Tapia.
