La fracción del PRD en la Cámara de Diputados celebró la decisión de aplazar la presentación del proyecto de reformas al sistema de justicia para crear una “superfiscalía”, al subrayar que la propuesta no solo amenaza los derechos de las víctimas y las personas indiciadas, sino resulta contraria a la presunción de inocencia y al debido proceso, vulnerando los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
Demandó por ello al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República revisar a fondo las iniciativas y rectificar todas aquellas disposiciones violatorias de la Constitución y de los derechos de las personas.
“Resultan inconstitucionales, inconvencionales y contrarias a los derechos humanos fundamentales; violan todo principio de seguridad jurídica y del debido proceso, atentando contra las garantías judiciales de los indiciados y las víctimas”, puntualizó la bancada perredista, encabezada por Verónica Juárez en el Palacio de San Lázaro.
Recordó que el proyecto de reformas impulsado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República prevé un súper Ministerio Público sin supervisión judicial, así como jueces y magistrados dependientes del Senado para procesar a los juzgadores del Poder Judicial por la presunta comisión de delitos.
“El paquete de reformas es un ambicioso proyecto que pretende construir un súper Ministerio Público que podrá realizar cateos, intervención de comunicaciones telefónicas, decretar arraigos y otros actos de molestia, sin supervisión del Poder Judicial y por una gama de delitos inconmensurable, dada la discrecionalidad que se le otorga”, alertaron los diputados federales del PRD.
El paquete de reformas prevé también crear una figura de “mega jueces y magistrados” para vigilar como policías a los jueces y magistrados, transgrediendo con ello la autonomía del Poder Judicial y sometiéndolo, en los hechos, a los designios políticos del control senatorial.
Por ello, “el grupo parlamentario del PRD se manifiesta contra estas iniciativas y solicita la realización de un parlamento abierto para analizar la problemática del sistema penal, así como la conformación de un grupo de trabajo plural que examine, en su momento, estas iniciativas”.
Con información de Elia Castillo
