El Comité Ejecutivo Nacional del PRD exigió al gobierno federal actuar ante el asesinato del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto y crear un protocolo especial de seguridad que brinde protección federal e incluso militar.
En un comunicado, el CEN señaló que esta medida debe ser aplicada a los alcaldes que sufren amenazas y agresiones de diversa índole, considerando que en lo que va en la administración de Enrique Peña Nieto han asesinado a ocho alcaldes.
De acuerdo con datos de la Asociación de Autoridades Locales de México, en la última década ya suman más de 75 alcaldes asesinados, incluido el del alcalde perredista, por lo que exigen al gobierno federal actuar frente a estos hechos que incrementan la violencia.
Asimismo recordó que el alcalde tenía medidas cautelares por atreverse a hacer las denuncias y que en días recientes había denunciado que el operativo de seguridad había abandonado la Tierra Caliente.
EL PRD condenó enérgicamente el asesinato del alcalde perredista del municipio de Pungarabato en el estado de Guerrero, quien fue ejecutado por un grupo armado la madrugada de este domingo en los límites entre Michoacán y Guerrero.
"El CEN del PRD lamenta profundamente la muerte del alcalde, quien era un perredista guerrerense reconocido, y se solidariza con su familia. Estaremos atentos a las investigaciones y no permitiremos que este homicidio concluya en carpetazo", enfatizó.
Asimismo llamó al gobierno del estado de Guerrero a que actúe en coordinación con las autoridades federales para que este cobarde homicidio sea investigado y se dé con los responsables.
La Asociación Nacional de Alcaldes también exigió al gobierno federal la implementación urgente de un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.
Explicó que en la asociación se ha realizado una clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde: la zona A (Riesgo muy alto), zona B (Riesgo alto), zona C y zona D (Riesgo bajo).
De acuerdo con esta clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.
La clasificación incluye indicadores como amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, por lo que se puede determinar el grado de protección que requieran los alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona.
De igual manera se consideran los pasos a seguir después de una situación de esta naturaleza, adicional a los estipulado por ley, como la creación de consejos municipales, investigación detallada y hasta en su caso la supresión de Cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos.
JASR
