El plan B electoral propone modificar la revocación de mandato de la persona que ocupa la Presidencia de la República para que, por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en las boletas de la elección federal intermedia y pueda promover el voto a su favor, lo que Andrés Manuel López Obrador tenía prohibido.
La reforma constitucional en materia electoral que este martes recibió el Senado de la República implica varias modificaciones al artículo 35 que regula la revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal.
Propone que la ciudadanía pueda solicitar este ejercicio ya no sólo al término del tercer año sino desde el segundo, para que la jornada de votación pueda realizarse el tercer o cuarto año, y que sea el 1 de junio empalmándose con las elecciones intermedias federales.
El plan B agrega que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, lo que anteriormente estaba restringido.
En el primer ejercicio quedó prohibida toda propaganda gubernamental federal desde el inicio de la convocatoria y hasta después de la jornada electoral, ahora, se propone que será “en los 70 días anteriores a la jornada”, lo que implicaría el mismo periodo, pues en 2022, la convocatoria se lanzó el 4 de febrero de 2022 y la votación fue el 10 de abril.
También prohíbe el “uso de recursos públicos para la recolección de firmas, so de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
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El ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primer titular del Ejecutivo en someterse a una consulta para la revocación de su mandato al término de los primeros tres años de su gobierno, estrenando reglas impulsadas por su propio movimiento que le prohibían intervenir en el proceso para evitar uso indebido de recursos públicos a su favor.
Esto llevó a medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y varias sentencias por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del entonces presidente, pues pese a la prohibición y los llamados de la autoridad electoral, el mandatario opinaba sobre este proceso desde su conferencia de prensa mañanera o desde sus giras por todo el país invitaba a la ciudadanía a participar.
Mañaneras consecutivas y varios funcionarios del gabinete federal fueron sentenciados por presentar acciones de gobierno durante las conferencias de López Obrador, por tratarse de logros de su sexenio que estaría a revisión de la ciudadanía.
Incluso, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en pleno proceso de revocación de mandato llevó a una sentencia de la Sala Superior, no sólo en su contra, sino también para los entonces gobernadores priistas Omar Fayad, de Hidalgo; y Alfredo del Mazo, del Estado de México; así como de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Consideraron que la propaganda gubernamental estaba prohibida pues ese evento, buscó “exaltar al gobierno” de López Obrador para influir en la decisión de la ciudadanía, de acuerdo con las reglas y restricciones de ese momento.
En pleno proceso, el Senado improvisó el llamado “decretazo de marzo” para reinterpretar el concepto de propaganda gubernamental y que el Presidente de la República pudiera opinar, lo que terminó invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que fue hasta entonces que las propias bancadas aliadas al presidente “se dieron cuenta de lo absurdo de las normas”, pues recordó que “esa prohibición se estableció por las mayorías y hasta ahora se dieron cuenta, después de que esas reglas que hoy están vigentes, las están violado sistemáticamente y tratan de cambiar las reglas del juego a mitad del partido”.
Córdova Vianello calificó como “absurdo” que las leyes de revocación de mandato prohibieran al Presidente de la República intervenir en un proceso electoral diseñado y dedicado para él, la evaluación de sus resultados y la decisión ciudadana de mantenerlo o no en el cargo.
De aprobarse esta reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum enmendaría la restricción de los legisladores de su movimiento, abriendo la puerta para que pueda hablar del tema, aunque deberán imponerse reglas sobre la manera en que podrá hacerlo para que esto no choque con la restricción del uso indebido de recursos públicos.
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MILENIO confirmó que previo a la presentación del plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no lograron un acuerdo sobre la permisión de que intervenga en este proceso.
El Partido Verde respaldaba a Morena para abrir la puerta a la promoción del voto de la Presidenta y que la fecha de la jornada electoral se diera el mismo día de la elección intermedia de junio, mientras que el Partido del Trabajo consideraban que esto podría generar inequidad.
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