Con 60 votos de Morena, PVEM, PT y hasta MC a favor, así como 13 del PAN y del PRI en contra, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el llamado plan B de reforma electoral para reducir el costo de ayuntamientos y congresos locales, así como limitar las remuneraciones de funcionarios electorales y evitar que ganen más que la Presidenta de la República.
Tras un debate de dos horas, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para ser discutido y votado mañana mismo en el pleno.
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Al fijar la posición de Morena, la legisladora Carmen Bautista sostuvo que el plan B busca corregir distorsiones en el ejercicio del poder público que durante años permitieron estructuras sobredimensionadas y esquemas de gasto alejado de la gente, con lo cual se lograría un ahorro de más de 4 mil millones de pesos para reasignarlos a infraestructura municipal y bienestar de la población.
“Durante mucho tiempo se normalizó un modelo con privilegios, con gastos excesivos y con decisiones que no siempre respondían al interés público (…). Este dictamen se sostiene en un principio fundamental: austeridad republicana, pero no como un discurso, sino como una forma de poner orden en el uso del dinero público y eso es lo que naturalmente incomoda a los traidores que me antecedieron”, dijo, en referencia a legisladores de la oposición.
En representación del PAN, la diputada Noemí Luna sostuvo que lo que ahora se discute en San Lázaro son solo las ruinas de un intento de reforma electoral, además de perder la oportunidad de blindar los comicios contra la intromisión del crimen organizado.
“Venimos de la elección más violenta, donde hubo intromisión del crimen organizado, y otra vez se pierden la oportunidad de legislar para blindar a los partidos políticos, para blindar al sistema electoral, de la intromisión del crimen organizado. Y terminamos discutiendo, legislando esto que, hasta con errores, porque en el proemio todavía se habla de eliminar los privilegios y fortalecer la revocación de mandato”, remarcó.
A nombre del PRI, el legislador Erubiel Alonso calificó el plan B como una verdadera cortina de humo para ocultar las crisis diplomática, de inseguridad y económica.
“Es centralista, es una verdadera simulación y es antidemocrática. En la narrativa, el oficialismo decía con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Hoy vemos que se han convertido en unos verdaderos hipócritas, traidores y demagogos. Los que promovían las libertades, hoy promueven la cerrazón jurídica y hoy promueven un tema dictatorial”, acusó.
Por MC, el diputado Pablo Vázquez afirmó que, tras el fracaso del plan A electoral, la nueva iniciativa presidencial, cercenada en el Senado, se queda corta y resulta un “tirititito”, pero a pesar de ello anunció el voto de la bancada naranja a favor.
“Se ha dicho pues que esta reforma queda corta, que es un tirititito, que está caracterizada por la austeridad, pero la austeridad de las ideas, entre otras cosas. Sin embargo, en Movimiento Ciudadano, como siempre asumimos una posición responsable y una posición desde la sensatez. A pesar de estas limitaciones en la reforma, no será un obstáculo para reducir privilegios y para reducir el gasto en las instituciones públicas, aunque sea una reforma menor”, dijo.
Aquí puedes ver la sesión:
¿Qué busca el plan B en materia de austeridad y reducción de privilegios?
El dictamen avalado por mayoría establece, entre otros aspectos, que cada uno de los municipios será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Prevé asimismo que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los congresos locales.
Las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, así como de titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas del INE, organismos locales electorales y tribunales electorales de las entidades federativas no excederán la remuneración asignada al Presidente de la República.
Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas por la ley.
“El presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de dicho periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento en términos reales, respecto del presupuesto”, establece la reforma en sus artículos transitorios.
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