El Congreso local aprobó un exhorto al gobernador Jaime Rodríguez para que lance la alerta de seguridad en el estado, que incluya acciones puntuales para detener la ola delictiva que azota la ciudad, y solicitar más elementos de las fuerzas federales.
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Además, solicitaron directamente a la Marina y al Ejército su presencia para tomar el control de la seguridad y realizar el combate a la delincuencia, con una coordinación efectiva de los tres niveles de Gobierno.
Ante la nula participación de instancias locales, pidieron en este documento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que abra un expediente y se investiguen las condiciones de los internos en los penales de Nuevo León, además de los videos que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa de maltrato de un grupo de reos a otros reclusos en un penal de la entidad.
El diputado José Luis Santos expresó en tribuna que en Nuevo León se ve con tristeza como la inseguridad ha vuelto a las calles, ya que se registran casos de ejecutados, levantones, robos a domicilio, robos a negocios, de vehículos y hechos violentos, sin que nuestro gobierno haya tomado cartas en el asunto.
"En todo el estado, de 10 indicadores del Semáforo del Delito, 6 se encuentran con niveles no satisfactorios, por encima de las metas planteadas por el área de seguridad. El robo a auto se encuentra en rojo, mientras que en ámbar están el robo a negocio, violencia familiar, lesiones, violaciones y homicidios", expresó el diputado.
"Hoy nos despertamos con muy malas noticias para nuestro estado. En las redes sociales y en distintos medios de comunicación aparecen dos videos captados con teléfonos celulares en donde se muestran imágenes de como un grupo de reos abusan de otros internos de forma verbal, física e incluso sexualmente", declaró.
Acuerdos con universidades
A propuesta del diputado Eugenio Montiel, los diputados aprobaron el envío de un exhorto al secretario de Educación del Estado, Arturo Estrada Camargo, para que se analice la posibilidad de convocar y en su caso acordar con las instituciones de educación superior privadas de la entidad, la implementación casuística de mecanismos que permitan otorgar la gratuidad en el cobro de estacionamientos pertenecientes a dichas universidades, para el caso de aquellos estudiantes becados por su condición de ingresos familiares insuficientes para el pago ordinario de sus colegiaturas.
Lo anterior, con el fin de que este cobro no se convierta en obstáculo y/o una carga extra en el desarrollo de sus estudios profesionales.
