Seis asociaciones vinculadas con la compra y venta de bebidas alcohólicas, pidieron a los diputados locales que deroguen el impuesto del 4.5 por ciento que impuso la anterior Legislatura a estos productos.
Esto por considerar que no cumple el objetivo ni tiene bases técnicas que la sustenten, luego que se aprobó sin exposición de motivos y “de manera ágil”.
Gerardo Ancira, director general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, dijo a los diputados que esta medida no le ha traído recursos al gobierno estatal, les ha generado una pérdida de competitividad, evasión de 36 por ciento y centenas de amparos para no pagar este gravamen.
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— Milenio Edomex (@milenio_edomex) December 19, 2018
En representación de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, productos de consumo que aglutinan al consumo diario, la asociación de importadores de alimentos de bebida que traen el vino, la Asociación de Distribuidores de Vinos y Licores, así como todas las cadenas de mayoristas y las tiendas de auto servicio, expuso el panorama que existe en el sector.
Ante la comisión legislativa de Finanzas expuso que uno de los grandes problemas que tiene este impuesto es que no se identifica al contribuyente, porque no lo expresa claramente, pues pareciera que es al productor, quien vende o quien compra, por lo cual, prácticamente todos tienen amparos en marcha.
El mismo se empezó a aplicar a partir de agosto de este año que salieron las reglas de operación, aunque se anunció para el arranque del 2018, pero las misa siguieron siendo ambiguas y no establecen claramente quien es el sujeto obligado, ni explica cuál es el propósito y el monto que esperaban recaudar.
Al imponer más cargos al producto se incrementa el comercio ilícito, de comerciantes que evaden todo tipo de cumplimiento, para no sacrificar su utilidad, evadiendo el impuesto, hay una caída en ventas, baja competitividad porque no pueden hacer descuentos a sus clientes, quienes prefieren ir a comprar a las entidades vecinas, con el impacto que eso genera al erario.
“Hemos encontrado solidaridad en cuanto al levantamiento de amparos judiciales. Hoy en los juzgados hay amparos incontables. Son cientos, tanto solicitudes como concedidos, pues en general han sido favorables para el gremio. El trámite lleva entre 18 meses y 3 años, es decir no se está pagando el impuesto o quien lo está haciendo es con la salvedad y esperanza que al final les regresen el dinero que han estado pagando”, añadió.
Estos fueron tramitados por las empresas que venden al público y ya hay una segunda ola de amparos a partir que salieron las reglas de operación.
Este gravamen opera en cinco entidades pero con precisión y claridad en la redacción, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.
Aquí, abundó, no existe ese mismo espíritu y por eso ha generado mucha confusión, ha habido mal uso en el proceso legislativo, todas las normas que implican imposición de normas impositivas o reacción de nuevas tasas deben tener un soporte técnico y económico que respalde la argumentación el incremento, pero en este caso no existe.
Al final la carga impositiva extra es de casi 80 por ciento, 53 por sobre precio de venta a la federación, más 16 por ciento de IVA y este 4.5 estatal.
La recaudación estimada era de 300 millones de pesos, pero no han recaudado ni el 20 por ciento porque al colindar con tantas entidades, en especial el Distrito Federal, muchos compran allá y meten el producto de contrabando a la entidad.
“Tenemos un estudio sobre la ilegalidad en el sector a nivel nacional, donde se revela que hay una evasión de 36 por ciento, es decir que de 100 botellas 3.6 no pagan impuesto porque son altos y hay un atractivo perverso para no pagar el impuesto y lo hacen todo en efectivo. Esto genera competencia desleal”, indicó.
LC
