La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, confirmó que la institución investiga la situación patrimonial de Rosario Robles, titular de la Sedatu, y de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, como parte de las averiguaciones sobre probables casos de corrupción.
Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del sexto Informe del presidente Enrique Peña Nieto, la funcionaria dijo:
“Sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya; sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley, están en etapa de aclaraciones, por lo que, respetando su derecho a la defensa, no puedo informales más al momento”.
No obstante, detalló que existe “una gran cantidad de servidores públicos” relacionados con los casos del Paso Express, Odebrecht y la estafa maestra, cuyo patrimonio está sujeto a verificación.
Señaló, incluso, que se trata de funcionarios de Sedatu, Pemex y Comunicaciones y Transportes.
En respuesta a cuestionamientos de la oposición, la funcionaria negó cualquier omisión en el caso Odebrecht y dijo que la institución agotó todas las líneas de investigación para sancionar a las filiales de la empresa por irregularidades administrativas en sus contratos con Pemex.
Detalló que hasta hoy existen 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, relacionados con la constructora brasileña, de los cuales ocho han concluido con sanciones a la propia empresa, a sus representantes y a servidores públicos.
“No podemos decir que la secretaría ha sido omisa en este caso; al contrario, es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio (…); así que podemos estar seguros, bajo protesta de decir verdad, que la Secretaría de la Función Pública ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a esta empresa, en lo que es su responsabilidad”, puntualizó.
Gómez sostuvo que tanto en el caso del Paso Express como en el de la estafa maestra y el uso indebido de recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, la SFP ha ido al fondo de las indagatorias.
“En este y otros casos se realizaron investigaciones conducentes de manera exhaustiva y, conforme a facultades de secretaría se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos”, dijo.
La comparecencia de Arely Gómez fue interrumpida durante 20 segundos por un corte de energía eléctrica que dejó a oscuras el salón de San Lázaro.
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