La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, advirtió que centralizar las funciones y responsabilidades de las autoridades electorales en una sola puede derivar en un colapso y una crisis de ingobernabilidad.
Ante la inminente presentación de la iniciativa de reforma en materia electoral, que se prevé para los primeros meses de 2026, la presidenta del instituto capitalino manifestó su rechazo a la idea de desaparecer a los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) para crear una única autoridad electoral a nivel nacional, pues consideró que los organismos locales son indispensables.
“El gigantismo no ayudaría mucho. Una institución tan enorme como la que, probablemente, se pretenda generar, va a tener dificultades, pero además implicaría modificar toda la normativa, todos los procedimientos y no sé si dé tiempo, considerando que el proceso electoral de 2027, empieza en septiembre de 2026”, añadió.
En entrevista con MILENIO, Avendaño Durán expuso sus argumentos contra la propuesta de reforma electoral y su balance sobre las lecciones que dejó la elección judicial del 2025 en la capital.
Aseguró que es una responsabilidad moral y ética de los consejeros electorales de todo el país y de los especialistas en la materia advertir de las implicaciones que traería la reforma electoral como está planteada, de centralizar todo en una institución, sobre todo, con las nuevas elecciones que hay en el país, la de cargos judiciales locales y federales.
“Es una responsabilidad moral y ética, de quienes tenemos ese conocimiento, advertir lo que se puede avecinar: ‘puede haber un colapso, puede haber una crisis, va a haber ingobernabilidad’. No es la mejor manera, porque, además, esta discusión centralización-descentralización o centralización-federalismo se ganó en el siglo 19”, opinó.
“Desde mi punto de vista, los órganos electorales, en atención a las circunstancias y particulares de cada entidad federativa, tendrían que asumir esas responsabilidades porque esa es la esencia del sistema federal, atender a las particularidades de cada región, de cada zona. Y creo que advertirlo es una responsabilidad: ‘si toman esta decisión, puede pasar esto; si toman esta otra, puede pasar esto’”, añadió Avendaño.
Asimismo, consideró que es un mito afirmar que la organización de los procesos electorales recae completamente en el Instituto Nacional Electoral (INE) y que puede suprimirse a los institutos locales.
“Nosotros, como órganos electorales, cada entidad federativa, aportamos la mitad del recurso que se destina a la capacitación, el material, los tablones, las sillas, las lonas, todo lo que involucre el avituallamiento en las casillas; los órganos electorales dotamos de recursos para que el INE lo pueda contratar”, dijo.
Tan sólo, dijo, en 2024 el costo del convenio del IECM con el INE fue de 50 millones de pesos que debieron pagarse por adelantado.
Para la elección judicial, el costo fue mayor, de 95 millones de pesos.
La consejera presidenta destacó que los OPLES son indispensables porque, además, por ejemplo, muchas herramientas del sistema electoral actual surgieron como innovaciones en los institutos locales.
“Buena parte de la construcción del sistema electoral mexicano, de las medidas de seguridad, de lo que hemos aportado como sistema electoral, robusto, al mundo, surgieron en lo local: la credencial de elector, el primer gobierno de alternancia, los observadores electorales. Del voto electrónico, uno de los pioneros fue el Instituto Electoral del Distrito Federal. Las urnas electrónicas también surgieron en las entidades federativas”, enlistó.
La presidenta del IECM rechazó que su oposición a la reforma electoral como está planteada tenga que ver con aferrarse a un cargo.
“A veces se piensa que cuando uno habla desde un cargo, lo que estamos defendiendo es el cargo. A ver, yo tengo un tiempo de caducidad como presidenta de este instituto. Sea con reforma o sea porque el tiempo del encargo concluye, tengo un tiempo de caducidad. Entonces, lo hablo desde la experiencia de mis 27 años como funcionaria electoral”, afirmó.
Avendaño expuso que la decisión de reformar el sistema electoral está en los congresos y consideró que “sería lo más adecuado que cuenten con toda la información necesaria para que su decisión sea informada, para que sepan las consecuencias de lo que puede ocurrir, y pueden ser consecuencias positivas, pero también pueden ser consecuencias negativas”.
Alerta de violencia con elecciones concurrentes
A pesar de que consideró exitosa la elección judicial del 2025 en la Ciudad de México, Patricia Avendaño también advirtió sobre las complicaciones que puede haber si, en el futuro, en particular en 2027, se hacen comicios judiciales concurrentes, es decir, empatar en el mismo día y en el mismo año las nuevas votaciones para los cargos judiciales con las votaciones tradicionales de gobernantes y legisladores.
Incluso, mencionó que habría riesgos de violencia y falta de legitimidad.
“Hacer concurrente esa elección puede hacer crisis, no solo en los órganos electorales, sino que puede tensar más la competencia, puede derivar en falta de legitimidad de las autoridades que emanen de ese proceso y puede generar hasta un impacto en la estabilidad política, en la gobernabilidad, y hasta en violencia, si no se tienen resultados certeros”, advirtió.
Avendaño dijo que una elección concurrente en el futuro puede afectar los derechos político-electorales tanto de los votantes, al tener que encontrar las casillas en dos ubicaciones, pues no pueden estar juntas las de cargos judiciales con las otras, como las de los que se postulan, pues se corre el riesgo de que la gente no vote por ellos.
Y puso como ejemplo el caso de Veracruz, en 2025: “tuvieron que hacer dos elecciones, la de ayuntamientos, con casillas en un lado, y la de Poder Judicial, en otro; la consecuencia es que la gente votó en una y no votó en otra”, dijo.
Añadió que mezclar ambas elecciones es complicado porque para las de Poder Judicial los partidos políticos no participan y no deben estar presentes sus representantes en las casillas, pero para las otras elecciones, debe ser una garantía que haya observadores y representantes de partido.
Además, dijo, el gran desafío es en dónde se almacenan los materiales electorales, los costos de las boletas y el tiempo que tardan las personas en votar.
“Nosotros traíamos, en promedio, 12 candidatos para cada tipo de cargo y aun así hubo un tiempo muy amplio que la gente se tardó en poder votar. En promedio, estamos hablando de unos 20 minutos. Sería, de verdad, muy complejo que las personas, adicional al voto que van a emitir por sus alcaldes, concejales y quienes integran el Congreso de la ciudad, deban dedicar un tiempo para saber quiénes son sus candidatos para Poder Judicial; en 2025, nosotros solo llevamos a cabo la elección del 30 por ciento de los cargos de Poder Judicial en Ciudad de México, con lo cual, para 2027 va a ser el 70 por ciento”, expuso.
“Estamos hablando de un número enorme de candidaturas, de muchos cargos que tenemos que llevar a competencia y que nos implicarían boletas como se imaginaban al principio, es decir, cuadernillos completos donde la gente va a tener que estar identificando quiénes son las personas candidatas por las que quiere votar”, dijo.
En suma, afirmó que “hacer concurrente esa elección puede llevar a una situación de alta exigencia que no creo que estemos en posibilidad de asumir todas las autoridades e inclusive el propio ciudadano”.
LP
