Al señalar que el 20 por ciento de la población toma un camión por necesidad a pesar de su poca afluencia y mal servicio, la bancada del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma para que se otorguen concesiones de hasta por 20 años, a través de una licitación pública, en la que podrán participar personas morales y no físicas.
Luis Susarrey, diputado promovente de la iniciativa, explicó que se pretende reformar el artículo 61 BIS de la Ley de Movilidad para el otorgamiento de una concesión de servicio público, que pertenecen a Metrorrey y SETRA, la cual se realizará a través de licitación pública abierta y transparente.
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En rueda de prensa en el Salón Polivalente Susarrey detalló que solo podrán participar personas morales con no menos de 5 años de antigüedad y experiencia probada en la actividad, por lo que se cierra la puerta a las personas físicas para evitar compadrazgo.
“La vigencia de los contratos no podrá ser menor a cinco ni mayor a veinte años. No está permitida la cesión de derechos. La cantidad de concesiones a licitar será determinada por el instituto en función del equilibrio entre oferta y demanda y las necesidades propias de los usuarios, previo visto bueno del Comité Técnico”, se lee en la propuesta.
El fallo, aclaró, lo tomará la Junta Local de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno del Estado.
El sistema para el otorgamiento de concesiones, añadió el panista, es discrecional, no fomenta la competencia, por lo que proyecta que los nuevos o los que puedan renovar contrato ofrezcan buenas unidades y servicio.
Mauro Guerra, dirigente del PAN, manifestó que de 5 mil 500 unidades, en la actualidad hay disponibles 2 mil 800, de las cuales la mayoría operan mediante permiso, cuya temporalidad es limitada y no da certeza jurídica al prestador, afectando con ello su capacidad crediticia.
El también diputado electo para la legislatura 76 dijo que trabajará para impulsar la iniciativa a partir septiembre, y adelantó que podría haber modificaciones para robustecerla iniciativa.
“Resolver la crisis de transporte de Nuevo León tardará años y para lograrlo es fundamental que se legisle y se implementen políticas públicas y acciones encaminadas no solo a la regulación de un sistema de transporte, sino a garantizar un derecho humano, universal, indivisible, interdependiente de otros derechos y progresivo, que es el nuevo derecho a la movilidad”, reconocieron en la iniciativa.
En el evento también estuvo Nancy Olguín, presidenta del Congreso local, quien criticó que el gobierno insista que en los transportes públicos no hay covid-19 a pesar de que viajan llenos.
