Las bancadas del PAN en el Congreso responsabilizaron al gobierno de abrir una crisis institucional nunca vista en el sistema de justicia del país, con la intención de evadir graves casos de corrupción y gozar de impunidad en delitos electorales en pleno proceso de sucesión presidencial, por lo que los coordinadores Fernando Herrera y Marko Cortés exigieron que se elija ya a los fiscales.
El coordinador en el Senado, Herrera Ávila, advirtió que aún cuando Santiago Nieto declinó proseguir en el proceso de objeción abierto por el Senado, esta cámara deberá pedir explicaciones al encargado de despacho de la Fepade , Alberto Elías Beltrán, de la decisión que tomó para removerlo.
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Dijo que el interés del gobierno por negarle a los mexicanos instituciones autónomas, independientes y probas ha llevado al sistema de procuración de justicia “a una crisis nunca vista” y urge nombrar a un fiscal electoral autónomo y probo, no un encargado de despacho.
Hizo notar que frente a una creciente inseguridad, numerosos casos de corrupción en la gestión pública y un proceso electoral en marcha, por primera vez en la historia no se tiene titular de la Procuraduría General de la República (PGR) ni de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), además de que siguen sin definición los nombramientos de los fiscales general y anticorrupción.
Sostuvo que hay una obcecación gubernamental por cooptar las instituciones de procuración de justicia “con fiscales a modo, propensos a dejar en la impunidad actos ilícitos”.
Planteó la necesidad de activar una acción colectiva, con las fuerzas políticas, organizaciones sociales, académicas y empresariales que han trabajado en contra de la corrupción para restituir la institucionalidad de la PGR y la Fepade.
Confirmó que el Senado exigirá explicaciones al ejecutivo de las motivaciones y de Elías Beltrán para remover al titular de la Fepade.
A su vez el coordinador de los diputados, Marko Cortés, coincidió en que el gobierno y el PRI han provocado un grave vacío institucional en procuración de justicia, con el claro fin de evadir graves casos de corrupción y para gozar de impunidad en delitos electorales, “como son los sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, que podrían haberse desviado en las campañas del PRI en 2012”.
Destacó que en pleno proceso electoral, y en medio de escándalos de corrupción, no hay titular de la PGR, fiscal para delitos electorales; tampoco nombramiento en la fiscalía general y la fiscalía anticorrupción.
“Vemos el regreso del autoritarismo priista cuando el país se encuentra con puros encargados de despacho, que tienen claro, que si llegan hacer algo contra los intereses del PRI-Gobierno de inmediato serían destituidos, que además sólo deben su cargo y su lealtad al Presidente de la República y por si fuera poco tienen reconocida filiación partidista. Esto es el reflejo de un país donde prevalece el vacío institucional, la impunidad y la falta de estado de derecho”, añadió.
En ese sentido, puntualizó que la remoción de Nieto Castillo incrementa las sospechas de que su remoción obedece a las investigaciones que estaba llevando a cabo sobre el uso ilegal de dinero en la campaña presidencial del 2012, a través de los sobornos de millones de dólares entregados por directivos de Odebrecht a Emilio Lozoya, para la campaña presidencial.
