Al finalizar su visita a México, Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, pidió al gobierno legislar sobre las garantías para las personas desplazadas internas y otorgar financiamiento adecuado para su protección y soluciones duraderas.
La experta de la ONU dijo que varias instituciones y niveles de gobierno deben tener la capacidad para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas. También pidió al gobierno crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles una atención integral.
“Si bien es necesario crear un registro federal único de personas desplazadas internas, además de los registros a nivel estatal, éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, señaló Jimenez-Damary, al presentar sus observaciones preliminares de la visita al país.
El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas. También debe asegurar la participación plena y efectiva de este grupo en las decisiones que les afectan, y considerar sus necesidades de protección específicas y diferenciadas.
La relatora visitó los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero. Se reunió con funcionarias y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos, cuerpo diplomático, agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.
Escuchó de las víctimas del desplazamiento interno y de las comunidades afectadas, cómo la violencia, los conflictos agrarios, a veces relacionados con proyectos de desarrollo, la minería, la tala ilegal y los desastres obligaron a las personas a desplazarse.
Además, vio los impactos del desplazamiento en mujeres, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI. El informe completo sobre la visita de la relatora especial se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2023.
LG
