Organizaciones de la sociedad civil y académicos urgieron al gobierno mexicano elaborar un plan específico en términos de refugio a extranjeros y apoyo a los mexicanos afectados por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Más de 100 organizaciones -entre las que se encuentran Colectivo Migraciones para las Américas, Sin Fronteras; Sembrando la semilla de la justicia México; International Detention Coalition y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa- consideraron que la estrategia gubernamental debe incluir "la protección de la población migrante y solicitante de asilo y/o protección internacional en el país, y las y los mexicanos de retorno, incluidos las hijas e hijos nacidos en Estados Unidos de madre y/o padre mexicano”.
En este contexto, señalaron que desde México ha sido muy clara la necesidad de fortalecer la protección consular para la población de 11.5 millones de personas mexicanas que viven en EUA, por lo que será imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados. Sin embargo, no ha fijado una postura frente a dichas órdenes ejecutivas que a todas luces tendrán un impacto en nuestro país.
La protección que México debe otorgar, consideraron tiene que ir más allá de su población en el exterior. Su estrategia debe incluir la protección de la población migrante y solicitante de asilo y/o protección internacional en el país, y las y los mexicanos de retorno, incluidos las hijas e hijos nacidos en EUA, de madre y/o padre mexicano. Máxime cuando existe una ruta a seguir a través de las recomendaciones emitidas por los sistemas interamericano y universal de derechos humanos.
En este sentido, México tiene que asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad. Para lograrlo, es fundamental realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios con base en la nacionalidad o situación migratoria de las personas.
