El gobierno mexicano espía a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a través de un programa que debería ser utilizado para investigar a posibles terroristas, publicó el diario estadunidense The New York Times.
Según la publicación 'Somos los nuevos enemigos del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en México, de 2011 a la fecha, el gobierno federal ha gastado hasta 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa israelí que únicamente ofrece servicio a gobiernos con la condición de que la herramienta sea utilizada para combatir a grupos criminales.
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Sin embargo, este programa, llamado Pegasus, se ha utilizado para espiar a los abogados que investigan el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dos periodistas, un economista que ayudó a redactar la ley anticorrupción 3de3 y una activista estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por policías, señaló el diario estadunidense.
[OBJECT]The New York Times afirmó que, junto con analistas forenses independientes, analizó cientos de mensajes y comprobó que el software ha sido utilizado para espiar a quienes han sido más críticos del gobierno actual e incluso a sus familiares.
Entre los objetivos del gobierno se encuentra el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas, y su esposa; los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ayuda a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dos abogados más de su equipo.
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La publicación explicó que Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes para monitorear a una persona y puede acceder a mensajes de texto, llamadas, correo electrónico, contactos, calendario, así como a la cámara y micrófono de los gadgets infectados.
La empresa israelí que lo fabrica se llama NSO Group y vende esta herramienta únicamente a gobiernos, con el fin de combatir al terrorismo y grupos delincuenciales.
ALEC
