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Domingo , 24.03.2019 / 22:50 Hoy

No hubo cobertores, solo factura, dice ASE

En las observaciones de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior del Estado recomendó interponer una denuncia penal por el ‘Cobijagate’.

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La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó que los 200 mil cobertores nunca fueron recibidos por ninguna dependencia del Gobierno Central que participó en el proceso de adjudicación, contratación y pago de los mismos, pese a que sí se expidió un cheque por casi 30 millones de pesos al proveedor identificado como Comercializadora Mirof SA de CV.

Dentro de las observaciones a la Cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado, la Auditoría Superior del Estado recomendó interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable por el daño al erario público, debido a que no fue solventada la existencia de los cobertores pero sí del pago, esto en el caso conocido como Cobijagate.

De manera reiterada, el apoderado legal y el administrador de Mirof, Hernán Chávez Hinojosa y Guadalupe Cortez de la Cruz, respectivamente, evadieron sus citatorios ante la ASE para explicar cómo surtieron los supuestos cobertores, toda vez que el objeto social establecido en su acta constitutiva no señala que sea fabricante de productos
textiles.

“El Ente Público realizó de manera indebida el pago a favor de la mencionada empresa por el monto total del contrato, por $28,977, en detrimento del patrimonio del Estado, pues sin cerciorarse de la efectiva recepción de los bienes por la Unidad Requirente, liquidó en fecha 26 de enero de 2016 a Comercializadora Mirof SA de CV, diversa factura por la adquisición de 200,000 cobertores que no fueron entregados.

“(...) Como quedó referido en el presente análisis, y en la propia observación, ninguna de las dependencias que intervino en el proceso de adjudicación, contratación y pago, se adjudica o manifiesta haber recibido los multicitados bienes, y además el mismo proveedor, no acreditó que los hubiese adquirido para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, relativas al suministro a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social”, señala el documento.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Ernesto Canales, descartó ejercer una acción penal contra los funcionarios involucrados, Gonzalo Padilla, director de Adquisiciones del Estado; y Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración; y optó por imponerles multas económicas.

Asimismo, determinó que Comercializadora Mirof SA de CV debía llevar a cabo un acuerdo reparatorio y entregar 60 mil cobertores a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Aún así, la Auditoría determinó que la observación no fue solventada y consideró que existen suficientes elementos para interponer una acción
penal.

Auditoría emiten una segunda acción penal

La Auditoría Superior del Estado detectó montos no solventados por 7 millones 808 mil 366 pesos en la Cuenta Pública 2016 del Gobierno Central y emitió 266 recomendaciones, de las cuales destacan dos denuncias penales.

Además de la denuncia penal por el caso del Cobijagate, la Auditoría detectó la contratación de Víctor Hugo Govea Jiménez, ex subsecretario del Trabajo en el Estado, pese a no contar con un título profesional que lo avalara como licenciado, por lo que incurrió en delito de usurpación de funciones.

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