La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNJH) de Morena separó temporalmente de su cargo partidista a Rosa María Azucena Narváez, quien era consejera estatal y es ex directora general de gobierno de la alcaldía Azcapotzalco, por la riña que protagonizó con vecinos en la colonia Santa Bárbara el 26 de febrero.
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El órgano interno morenista inició el procedimiento sancionador de oficio con expediente CNHJ-CM-182/2026, mediante el cual determinó retirarle también sus derechos partidistas, así como al ex titular de la Subdirección de Vía Pública de la alcaldía, Juan Carlos Soto Canales, y cuatro militantes más.
De acuerdo con la indagatoria, el 26 de febrero, los señalados, en la colonia Santa Bárbara, perteneciente a la alcaldía Azcapotzalco, encabezaron actos de violencia en perjuicio de personas habitantes de dicha demarcación.
Derivado de lo anteriormente expuesto, la CNHJ señaló que los presuntos actos referidos son contrarios a los principios, valores, garantías y obligaciones que rigen y representan al partido, así como a los lineamientos que orientan el actuar ético de sus integrantes.
En ese sentido, indicó que, al tratarse de personas allegadas a una representante popular emanada de este instituto político, se puede inferir razonablemente que dicho personal guarda una posible vinculación con el partido.
Refirió que la tolerancia a los actos de violencia “podría traducirse en una incongruencia institucional y en un detrimento de la imagen del partido, en virtud de que las personas señaladas guardan vínculo con este instituto político; aunado a que una de ellas ostenta un cargo dentro de un órgano de conducción partidaria y que, en su totalidad, contaban con la calidad de servidores públicos”.
Señaló que esto ha puesto en duda su imagen como representantes del partido, derivado de la presunta comisión de los actos que se les imputan, evidenciando una contrariedad con los principios y valores que representan; por consiguiente, indicó que la percepción hacia el exterior es que todo miembro comparte dicha ideología, lo cual, al contravenirse la normatividad partidaria, vulnera los principios de unidad y ética política del instituto.
La Comisión apuntó que la conducta de dichos militantes no solo vulnera los principios de fraternidad y respeto contenidos en sus Documentos Básicos, sino que también actualiza una falta de probidad al implicar un trato denigrante incompatible con la ética del servicio público, además de que desvirtúa el encargo conferido y contraviene la obligación de toda persona militante de Morena de conducirse con honestidad, respeto y apego irrestricto a la dignidad de la ciudadanía.
"El actuar de las personas acusadas constituye un agravio directo a los valores y principios que rigen a nuestro partido-movimiento. De todo lo anterior, es necesario precisar que el presunto actuar de las personas acusadas evidencia un claro incumplimiento de los principios fundacionales, valores y obligaciones asumidos como protagonistas del cambio verdadero, lo cual se ve agravado, en el caso de la acusada que integra un órgano de conducción.
"En consecuencia, dicha conducta configura una falta de probidad en el ejercicio de su encargo público, y un vicio de la política al no formar verdaderas representaciones populares”, acotó.
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HCG
