El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió al gobierno federal brindar de manera inmediata medidas de protección y seguridad a la legisladora sinaloense, Paola Gárate y a su familia, tras los actos de amenaza e intimidación de que ha sido víctima.
Recordó que la diputada local priista recibió en su domicilio de Culiacán el 10 de junio una corona fúnebre, luego de hacer señalamientos públicos sobre la presunta colusión de funcionarios del gobierno de Sinaloa con el crimen organizado.
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Pide medidas de protección y seguridad
En un punto de acuerdo, Moreira solicitó por ello a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar de manera urgente al gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, disponer las medidas necesarias de protección y seguridad en favor de para la diputada Gárate y su familia, garantizando su vida, integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales.
Demandó asimismo que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva para identificar, detener y sancionar a los responsables de estos actos de intimidación.
Sinaloa, inmerso en inseguridad: Moreira
El coordinador de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro advirtió que Sinaloa atraviesa una grave crisis de inseguridad, violencia y presencia de organizaciones criminales, lo cual mantiene a miles de familias viviendo diariamente con temor e incertidumbre.
En ese contexto, reconoció la valentía, responsabilidad y firmeza con la que Paola Gárate ha alzado la voz para denunciar los hechos de violencia que lastiman a la sociedad sinaloense, la intervención de grupos criminales en los procesos políticos y la falta de resultados de las autoridades estatales frente a la ola de violencia que afecta a la entidad.
Condenó enérgicamente la amenaza directa y el intento de sembrar miedo para silenciar a quienes ejercen legítimamente su derecho a señalar aquello que preocupa y agravia a la población.
“Una democracia no puede permitirse que las amenazas sustituyan al debate público ni que el miedo limite la representación popular, exige que quienes ejercen funciones legislativas puedan hacerlo sin presiones, sin intimidaciones y sin poner en riesgo su integridad ni la de sus seres queridos”, afirmó.
Moreira sostuvo que las amenazas contra una legisladora son también amenazas contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ser representados: “No podemos normalizar la violencia ni permitir que el crimen intimide a quienes cumplen con su deber”.
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