La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en México hay una ruta de derechos para evitar la criminalización de la protesta social, así como para impedir la represión, el uso de la fuerza innecesaria, y no repetir errores del pasado.
Además, indicó que para el gobierno federal también es una prioridad la atención a personas buscadoras y sus familias, con los más altos estándares de respeto a sus derechos humanos y empatía, por lo que se impulsan modelos de coordinación con estados y municipios.
Al encabezar la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos, con presencia de secretarios de gobierno y representantes de las entidades del país, la funcionaria recordó que dentro de los 100 pasos para la transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum se considera el respeto a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, prensa, reunión y movilización.
En el encuentro que se efectuó en el Salón Revolución de la Segob, se trataron temas relacionados con el protocolo de atención a la protesta pacífica, el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social; búsqueda de personas desaparecidas, prevención y erradicación de la discriminación, así como el modelo de atención municipal a grupos prioritarios.
#Hoy nos reunimos con los secretarios de gobierno y representantes de las 32 entidades para revisar y coordinar acciones en favor del respeto a los derechos humanos de la población. ???????? @Claudiashein pic.twitter.com/ST5LAFI7Kg
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 19, 2024
Asimismo, mencionó que cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha mecanismos para garantizar la coordinación de las autoridades y se creó en la Secretaría de Gobierno, entonces a su cargo, el Protocolo de Atención a manifestaciones en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones.
Con base en esa experiencia, se integró el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social como un protocolo tipo, el cual sirve de base, ya que se trata de un documento avalado por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas y discutido con decenas de organizaciones especializadas en protesta y libertad de expresión.
De igual manera, añadió que las administraciones estatales cuentan con todo el apoyo del Gobierno de México para realizar su trabajo, sin importar colores partidistas, y los convocó a que hagan todo lo posible por la defensa de los derechos humanos, desde el ámbito de sus atribuciones y competencias.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, presentó las buenas prácticas que las secretarías de Gobierno pueden retomar y ajustar a sus contextos locales para la atención de la protesta social.
ARR
