México es el país con mayor número de denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de contar con un sistema robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales.
El secretario ejecutivo de la comisión, Emilio Álvarez Icaza, detalló que de 2 mil 164 peticiones presentadas en 2015, 849 fueron de México, es decir, 40 por ciento.
De acuerdo con su informe estadístico desde 2012, México encabeza las peticiones y desde 2006 se mantienen entre los primeros cuatro lugares al sumar 3 mil 788 peticiones presentadas.
Enfatizó que México posee el sistema más robusto de instituciones en materia de garantías individuales del continente, con 32 organismos públicos y una institución nacional, "a los que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares", por lo que cuestionó que la gente no acuda a esas instancias.
Dijo que la situación se puede interpretar de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso y ante la falta de respuestas se acude a ámbitos externos.
Según su análisis de 2006, la CIDH ha emitido cuatro informes de fondo sobre México, nueve de inadmisibilidad, 36 de admisibilidad, 23 de archivo (casos archivados), ocho de solución amistosa, seis casos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 61 medidas cautelares otorgadas.
De los caos que se han hecho públicos se encuentra un informe del 28 de octubre, por la supuesta discriminación contra presuntas víctimas, en razón de haber sido dados de baja del Ejército por ser portadores del VIH, que tuvo como consecuencia una afectación a su vida privada y a la integridad personal, así como presuntas violaciones a sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Los peticionarios sostuvieron que la baja del Ejército significó el cese en el pago de sus emolumentos como miembros de las fuerzas armadas, pérdida del derecho a pensionarse, según los términos de la legislación militar, y pérdida de su derecho a recibir asistencia médica y los medicamentos necesarios para tratar el VIH en calidad de integrantes de las fuerzas armadas.
Otro de los más recientes fue el informe de solución amistosa entre un particular y su familia con el Estado, el 14 de abril de 2016, por violación a la integridad personal, derecho a la libertad, garantías judiciales, protección judicial, derechos del niño y deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con Ananías Laparra y familiares.
Los peticionarios denunciaron los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1999 en Tapachula, Chiapas, relacionados con la detención ilegal y arbitraria, y la posterior condena de Ananías Laparra, con base a una confesión obtenida bajo tortura por agentes de la Policía Judicial de la entidad.
De igual forma, denunciaron que los dos hijos de Laparra, que en ese momento eran menores de edad (José Ananías, de 14 años, y Rocío Fulvia Laparra, de 16 años) y su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculpaban a Ananías como culpable en el homicidio de Elvis Díaz, originario de Cacahoatán, Chiapas.
El panorama no es bueno
El representante de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, destacó que en los últimos 15 años el país ha estado expuesto al escrutinio internacional en tema de derechos humanos, por lo que instó a cumplir las recomendaciones emitidas, de no ser así "el escenario se agravará".
Uno de los desafíos es la instrumentación de una política pública relativa a escalas federal, estatal y municipal, señaló, es que si bien en el primer ámbito hay avances, aún existen entidades que no han modificado sus leyes y en los municipios el panorama es peor, "porque las gerencias de gobierno no contemplan las garantías referidas.
"Hay principios disparadores de participación pública, pues parte importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados en defender los derechos humanos", advirtió durante su conferencia magistral "La situación de los derechos humanos y la respuesta de la sociedad organizada en México", que forma parte del programa en Investigación ciudades, gestión, territorio y ambiente, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM.
"La sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado, ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben reemplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia", aseguró.
Claves
Destacan cuotas
• En los últimos tres años México ha contribuido con más de 30.6 millones de dólares, lo que lo coloca en el cuarto lugar en aportaciones a la OEA, solo por debajo de EU, Canadá y Brasil.
• Mientras que en las contribuciones voluntarias a la CIDH, la administración de Enrique Peña Nieto se encuentra en segundo lugar, solo superado por Estados Unidos.
• Adicionalmente, México aporta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 777 mil dólares, además de las cuotas de 6 millones de dólares que cubre cada año a la OEA.
