José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México a la Presidencia, y el PRI impugnaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe los debates entre candidatos durante la etapa de intercampaña.
El PRI presentó un recurso de apelación para que el Tribunal Electoral emita una sentencia que defina de modo terminal si la posición asumida por el INE es inconstitucional.
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En tanto, Meade promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Las impugnaciones fueron presentados en las oficinas del Consejo General del INE por la representante del PRI ante el órgano, Claudia Pastor Badilla, y por el coordinador jurídico de la campaña de Meade, Emilio Suárez Licona.
Los documentos presentados promueven un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, mediante el cual sostienen que el INE carece de atribuciones para restringir la libertad de expresión en el marco de una contienda electoral.
Claudia Pastor afirmó que la sociedad está ávida de escuchar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República y los debates son la forma democrática de contrastar las ofertas de los candidatos, lo que permitirá a los mexicanos contar con la información suficiente para poder emitir su voto.
En entrevista, reiteró que la decisión de prohibir estos encuentros e impedir a los medios de comunicación que puedan invitar a más de un candidato a las mesas de debate contradice todo el sistema constitucional e internacional sobre la libertad de expresión.
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"La ciudadanía mexicana necesita contrastar las ideas durante todo el proceso electoral. Nos parece un sinsentido, desde el punto de vista jurídico, de la libertad de expresión y del derecho a la información, que se prohíba”, aseveró.
Confió en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque una vez más la decisión del INE, pues los magistrados han sido muy consistentes en sus criterios jurisprudenciales para permitir y hacer interpretaciones a favor de las libertades de expresión y de información a las que tienen derecho los ciudadanos.
RLO
